Con casi dos horas de demora por disputas reglamentarias entre bloques, finalmente comenzó ayer en la Cámara de Diputados la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el escándalo vinculado al criptoactivo $LIBRA, una iniciativa que el propio presidente Javier Milei promocionó desde sus redes oficiales el pasado 14 de febrero y que ahora se investiga como una presunta estafa financiera de alcance nacional.
Francos fue el único miembro del Poder Ejecutivo presente en el recinto. Los ministros más directamente implicados por la trama —el de Economía, Luis Caputo, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona— decidieron no presentarse, amparados en excusas administrativas. La ausencia de ambos funcionarios no solo generó malestar en la oposición, sino que reforzó las sospechas sobre un intento deliberado del Gobierno por evitar dar explicaciones claras en una causa que ya compromete a la investidura presidencial.
Durante su exposición, Francos intentó desligar a Milei de cualquier responsabilidad directa en la promoción de $LIBRA. Alegó que el Presidente simplemente “difundió un proyecto privado” que “le pareció interesante”, sin conocer a fondo sus implicancias ni a sus promotores. No obstante, evitó responder con precisión por qué Milei sostuvo durante semanas el respaldo a una iniciativa impulsada por personajes vinculados al mundo cripto, algunos de los cuales tuvieron acceso a la Casa Rosada, incluso con respaldo protocolar del Ejecutivo.
El jefe de Gabinete también negó que Milei o su hermana Karina estén siendo defendidos legalmente, y sostuvo que “hasta ahora, no hay necesidad de que tengan abogado”, una declaración llamativa teniendo en cuenta la creciente acumulación de pruebas que vinculan a funcionarios y asesores con los impulsores de la moneda digital denunciada como fraudulenta.
Excusas, ausencias y una defensa endeble
La carta enviada por Caputo al presidente de la Cámara, Martín Menem, aduciendo “cuestiones de agenda impostergables”, no logró disipar la incomodidad. El titular del Palacio de Hacienda insistió en que su ministerio “no tuvo ninguna vinculación” con el criptoactivo, aunque la defensa contrasta con las primeras versiones que circularon dentro del oficialismo, donde se lo mencionó como uno de los impulsores indirectos de la plataforma financiera.
Por su parte, Cúneo Libarona se excusó con “compromisos previos en el Ministerio de Justicia”, y alegó que la cuestión quedó en manos de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada por decreto en febrero y ya disuelta. La fragmentación de responsabilidades y la disolución exprés de la UTI alimentan la tesis de que el Gobierno intentó encapsular el escándalo para quitarlo del centro de la escena institucional.
Vínculos, negocios y silencios que incomodan
El momento más tenso se vivió cuando diputados de Unión por la Patria cuestionaron la participación del Gobierno en el Tech Forum, evento patrocinado por el Ejecutivo y donde participó Mauricio Novelli, uno de los nombres que más aparece en los ingresos a la Casa Rosada relacionados con $LIBRA. Francos, visiblemente molesto, se limitó a decir que “el Presidente lo conoce hace años y dio clases en su instituto”, sin desmentir los encuentros ni explicar su rol en la trama.
El diputado Nicolás Massot fue categórico: “Si el Presidente fue engañado, debe denunciar. No puede permanecer en silencio durante 70 días y luego actuar como si no tuviera responsabilidad institucional en lo que promueve”. La frase resonó en el recinto y dejó flotando la pregunta que el oficialismo no quiso, o no pudo, contestar: ¿Qué sabía realmente Javier Milei cuando decidió promocionar el criptoactivo $LIBRA desde la cuenta oficial de la Presidencia?
Con una investigación judicial en marcha, un Congreso dividido y una ciudadanía cada vez más escéptica ante promesas de transparencia que no se cumplen, el escándalo $LIBRA se consolida como una de las crisis más serias para un gobierno que hizo de la honestidad su bandera electoral.
