El gobierno de Javier Milei impulsa la ampliación de la Corte Suprema y propone nuevos nombramientos, generando críticas sobre posibles intentos de concentración de poder y cuestionamientos sobre la independencia judicial.
El gobierno del presidente Javier Milei ha manifestado su intención de ampliar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente compuesta por tres jueces activos debido a vacantes no cubiertas. Sin embargo, ha decidido postergar cualquier discusión al respecto hasta después de las elecciones generales de octubre. Esta decisión ha generado preocupación entre diversos sectores políticos y sociales, que la interpretan como una maniobra para condicionar la composición del máximo tribunal a los resultados electorales.
En el Senado, la oposición ha retomado el debate sobre la ampliación de la Corte, presentando ocho proyectos que proponen aumentar el número de jueces a entre siete y nueve. No obstante, el oficialismo ha evitado respaldar estas iniciativas, argumentando que ninguna cuenta con el aval de la Casa Rosada. Una fuente del Gobierno afirmó: “No vamos a hablar del tema hasta noviembre”, dejando en claro que cualquier avance dependerá del nuevo escenario político post-electoral.
Actualmente, la Corte Suprema opera con tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las vacantes existentes no han sido cubiertas debido a la falta de consenso en el Senado, donde el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para aprobar nuevos nombramientos. Esta situación ha llevado a que, en ciertos casos, se recurra a conjueces sorteados entre jueces federales para alcanzar el quórum requerido en las decisiones del tribunal.
La postergación del debate sobre la ampliación de la Corte ha sido interpretada por algunos analistas como una estrategia del Gobierno para evitar negociar con la oposición en el actual contexto legislativo. Algunos sectores consideran que esta maniobra busca condicionar la composición del máximo tribunal a los resultados electorales, lo que podría comprometer la independencia del Poder Judicial.
La posibilidad de ampliar la Corte Suprema no es nueva en la historia argentina. Durante la década de 1990, el número de jueces se incrementó a nueve, mientras que en 2006 se redujo nuevamente a cinco. El debate actual se enmarca en una coyuntura política compleja, donde las decisiones sobre la composición del máximo tribunal podrían tener implicancias significativas para el equilibrio de poderes en el país.
En este contexto, es fundamental que cualquier modificación en la estructura de la Corte Suprema se realice con transparencia y buscando el consenso necesario para garantizar la independencia y el correcto funcionamiento del Poder Judicial.
