Organizaciones, familias y prestadores se movilizaron en todo el país para exigir la declaración de la Emergencia Nacional en Discapacidad. Denuncian recortes, demoras en pagos y una política oficial que desatiende a uno de los sectores más vulnerables.
Este jueves 29 de mayo, miles de personas se congregaron frente al Congreso de la Nación y en más de una docena de ciudades del país en una jornada federal de protesta contra los recortes que afectan a las personas con discapacidad. La movilización, encabezada por organizaciones como Casaie, Addei y TEActiva, exigió la urgente aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que será debatida la próxima semana en la Cámara de Diputados.
El reclamo apunta a una situación crítica: aranceles congelados desde diciembre de 2024, demoras de hasta seis meses en los pagos a prestadores, y la suspensión o baja de pensiones no contributivas. Según datos del sector, los aranceles cerraron 2024 con aumentos muy por debajo de la inflación, y en el primer cuatrimestre de 2025 no registraron incrementos, mientras la inflación acumulada fue del 11,6%.
“Venimos arrastrando un déficit desde hace tiempo, pero es la primera vez en 23 años que tuvimos que suspender actividades”, afirmó Elizabeth Karina Foschi, presidenta de Casaie, que representa a más de 20.000 niños y jóvenes con discapacidad. “Los profesionales de apoyo están cobrando $307.000 por jornadas de cinco horas diarias, cinco días a la semana”, agregó .
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, ha sido objeto de fuertes críticas. Recientemente, se conoció que Spagnuolo respondió a la madre de un niño con autismo: “Su discapacidad no es un problema del Estado” .
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad busca garantizar derechos fundamentales hasta el 31 de diciembre de 2027, incluyendo acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo y pensiones no contributivas. Sin embargo, desde el Ejecutivo se oponen, argumentando que la medida no se alinea con las metas de “déficit cero” y calificándola de “regresiva”.
La movilización se replicó en ciudades como Mendoza, Córdoba, Bariloche, Posadas, Santa Fe y Paraná. Consignas como “No al ajuste en discapacidad” y “Lo esencial es invisible al Estado” se hicieron eco en las calles.
La situación de las personas con discapacidad en Argentina es alarmante. Según informes, alrededor de 200.000 personas podrían perder sus prestaciones debido a los recortes, y 150.000 puestos de trabajo están en riesgo.
El Gobierno nacional debe asumir su responsabilidad y garantizar los derechos de las personas con discapacidad, tal como lo establece la Ley 24.901 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional en el país. La indiferencia y los recortes no son compatibles con una sociedad inclusiva y justa.
