El anuncio de la clausura de la sucursal en 28 de Noviembre, Santa Cruz, se suma a una serie de cierres en todo el país, provocando inquietud entre trabajadores y vecinos por la pérdida de servicios esenciales y el debilitamiento de la presencia estatal en regiones clave.
El Banco de la Nación Argentina (BNA) ha iniciado un proceso de cierre de sucursales en diversas localidades del país, generando preocupación en las comunidades afectadas. Uno de los casos más recientes es el de la sucursal en 28 de Noviembre, Santa Cruz, cuya clausura está programada para el 20 de agosto. La decisión ha sido comunicada a través de un correo electrónico, lo que ha sido criticado por autoridades locales y representantes gremiales por la falta de consideración hacia los empleados y la comunidad.
Griselda Fabregat, secretaria general de La Bancaria en Santa Cruz, expresó su rechazo a la medida, señalando que la sucursal ha sido fundamental para el desarrollo de la localidad. Además, advirtió sobre el impacto negativo que tendrá el cierre en la economía local y en el acceso a servicios bancarios, especialmente para adultos mayores que deberán trasladarse a Río Turbio en condiciones climáticas adversas.
El intendente de 28 de Noviembre, Aldo Aravena, también manifestó su oposición al cierre, calificándolo de “injusto e insensible”. Destacó que la medida afecta directamente a los trabajadores y a los vecinos que dependen de los servicios del banco, y cuestionó la forma en que se comunicó la decisión. Aravena se comprometió a liderar el reclamo para revertir la medida y defendió la importancia de mantener la presencia del Estado en la región.
Este cierre se enmarca en una política más amplia del gobierno nacional que busca reducir el déficit fiscal mediante la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima y la clausura de sucursales en municipios con altas cargas tributarias. En La Matanza, por ejemplo, la sucursal de Ramos Mejía fue cerrada debido a la elevada Tasa de Servicios Generales aplicada por el municipio, lo que llevó al traslado de las operaciones a Ciudadela, en el partido de Tres de Febrero. Según el Banco Nación, solo en los primeros ocho meses de 2024, se abonaron $3.500 millones en tasas municipales en La Matanza, una cifra que duplica los costos operativos y afecta la capacidad de financiamiento a PyMEs y familias.
Además, en la provincia de La Pampa, se había anunciado el cierre de nueve sucursales del Banco Nación como respuesta a la suba del 15,5% en la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos aplicada sobre créditos. Sin embargo, la decisión fue suspendida luego de que el gobernador Sergio Ziliotto revocara el aumento. A pesar de ello, se concretó el cierre de la gerencia zonal en ese distrito como parte del conflicto.
La Bancaria ha declarado el estado de alerta y movilización ante estos cierres, advirtiendo que representan un intento de vaciamiento del Banco Nación y un debilitamiento de su rol como entidad pública. El gremio ha manifestado que, si el banco no garantiza los puestos de trabajo y continúa avanzando en una política de ajuste y reducción de sucursales, la respuesta será contundente.
La situación actual del Banco Nación refleja una tensión entre la necesidad de eficiencia fiscal y la importancia de mantener servicios esenciales en todo el territorio nacional. Las comunidades afectadas por los cierres de sucursales enfrentan desafíos significativos en términos de acceso a servicios financieros y desarrollo económico, lo que ha generado un amplio debate sobre el papel del Estado en la provisión de servicios básicos y el equilibrio entre ajuste fiscal y equidad territorial.
