Con la economía paralizada y la obra pública detenida, los gobernadores enfrentan la presión del Ejecutivo para aplicar un ajuste brutal. Se avecina una cumbre clave y el conflicto federal amenaza con escalar.
El presidente Javier Milei ha planteado una exigencia sin precedentes a los gobernadores: un ajuste fiscal adicional de hasta USD 60.000 millones para 2025, con el objetivo de reducir el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI. Esta medida se suma a un contexto de recortes en obras públicas, deudas previsionales impagas y una economía en recesión, generando tensiones entre la Casa Rosada y las provincias.
El freno a la obra pública es uno de los principales puntos de conflicto. Los gobernadores esperaban una reactivación económica en un año electoral, pero el nuevo acuerdo con el FMI y el objetivo de superávit primario del 1,6% del PBI han condicionado aún más las finanzas provinciales.
En respuesta, los gobernadores han convocado a una cumbre el 3 de junio para coordinar una postura común frente al Gobierno nacional. El objetivo es discutir el freno a la obra pública, las deudas previsionales y los cambios en el IVA, entre otros temas urgentes.
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha sido uno de los más críticos, acusando a Milei de implementar un plan económico de “ajuste y saqueo” que afecta a las provincias y beneficia a las corporaciones.
Mientras tanto, el Gobierno busca apoyo en los gobernadores para avanzar con su plan económico, incluyendo el blanqueo de “dólares del colchón” y la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
La relación entre el Ejecutivo y las provincias se encuentra en una encrucijada, con los gobernadores debatiéndose entre apoyar las medidas del Gobierno o defender los intereses de sus provincias en un contexto económico adverso.
