Un informe explosivo sobre las finanzas municipales revela que la gestión de Pablo Grasso en Río Gallegos destina $1.100 millones mensuales al pago de 499 cargos políticos, de acuerdo a datos oficiales correspondientes a abril de 2025.
El documento expone el alto costo del aparato político local, que incluye al intendente, concejales, secretarios, subsecretarios, directores, jefes de departamento y división, muchos de los cuales son designados de manera discrecional. La cifra pone en jaque la eficiencia del gasto público en plena crisis económica.
En declaraciones a la emisora Patagonia Al Mundo TOP 93.3, el jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, reconoció que el total destinado a salarios municipales supera los $5.000 millones por mes, lo que equivale a más de $70.000 millones anuales, incluyendo aguinaldos. Sin embargo, evitó referirse al detalle específico del gasto en la planta política.
Según los registros analizados, el desglose del gasto mensual en funcionarios políticos es el siguiente:
• Jefes de Departamento → $288 millones (32%)
• Jefes de División → $239 millones (27%)
• Directores → $218 millones (24%)
• Directores Generales → $57 millones (6%)
• Secretarios → $40 millones (4%)
Entre los secretarios, los sueldos de bolsillo superan ampliamente los $3 millones mensuales, dependiendo del rango, la antigüedad y las bonificaciones.
Además, se detalla que Pablo Grasso cuenta con 12 secretarios privados activos, una cifra llamativa para un municipio, entre los que figuran: Juan Pablo Rojas, Leonardo Aníbal Paradis, Mauro Adrián Serrano, Laura Soledad Pucci, Fabricio Ariel Stamparini, Melani Eliana Álvarez, Paula Belén Igor, Tamara Inés Cardón, Sol del Pilar Bounine, José Leite da Rosa, Lucía Antonella Adriel y Eduardo Martín Belmonte.
También se destaca la presencia de funcionarios políticos designados en distintas localidades de la provincia, incluyendo ex intendentes, ex diputados, ex funcionarios de otras comunas e incluso familiares de dirigentes.
El informe genera un fuerte debate sobre la utilización de fondos públicos y la verdadera prioridad de la gestión municipal en un contexto donde miles de vecinos enfrentan problemas de servicios, empleo y asistencia social.
