Desde el año 2020, el Municipio de Río Gallegos mantiene en el olvido una herramienta clave para la transparencia institucional. La ordenanza que dio origen al Boletín Oficial Municipal Electrónico (B.O.M.E.) fue archivada sin explicación, y el intendente Pablo Grasso continúa incumpliendo una responsabilidad elemental: informar a los vecinos cómo se manejan los fondos públicos.
Ya van cinco años sin que se publiquen licitaciones, adjudicaciones de tierras fiscales ni ordenanzas. Esta falta de información impide el control ciudadano y genera un terreno fértil para la opacidad administrativa.
La concejal Daniela D’Amico (UCR) reiteró su exigencia de que se cumpla la normativa. El B.O.M.E. debió estar en funcionamiento a los 20 días de ser sancionado. Ya pasaron casi 1.800. El derecho a acceder a la información pública está protegido por legislación nacional y provincial, pero en la capital santacruceña es ignorado sistemáticamente.
Este reclamo no es nuevo, pero sí urgente. Sin datos oficiales, el municipio opera a oscuras. Y donde falta luz, proliferan los privilegios, los arreglos entre pocos y decisiones que jamás se dan a conocer. El silencio institucional de Grasso no es un descuido: es parte de una estrategia. Porque donde no hay control, crece el margen para el descontrol.
