A partir de julio, los legisladores nacionales percibirán un incremento en sus dietas, superando los $9,5 millones brutos mensuales, tras activarse una cláusula de actualización automática vinculada a las paritarias del personal legislativo.
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En un contexto económico desafiante para la mayoría de los argentinos, los senadores nacionales recibirán a partir de julio un aumento en sus dietas que elevará sus ingresos brutos mensuales por encima de los $9,5 millones. Este incremento se debe a la activación de una cláusula de actualización automática, aprobada en abril de 2024, que vincula sus salarios a las paritarias del personal legislativo.
La cláusula fue parte de una resolución votada a mano alzada y sin debate en el Senado, estableciendo que las dietas se componen de 2.500 módulos, más 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo. Con el valor actual del módulo, esta estructura salarial resulta en ingresos brutos que superan los $9,5 millones mensuales.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, intentó frenar el descongelamiento de las dietas y desvincularlas de las paritarias del personal legislativo, proponiendo mantener el congelamiento durante todo 2025. Sin embargo, no logró el consenso necesario entre los jefes de bloque, y al no tomarse una decisión antes de la fecha límite en abril, se activó automáticamente el mecanismo de actualización.
Este aumento ha generado críticas desde diversos sectores, incluyendo al presidente Javier Milei, quien en ocasiones anteriores calificó este tipo de incrementos como una “traición al pueblo trabajador” y una muestra de que “la casta política se niega a soltar sus privilegios”.
La medida también ha sido cuestionada por su impacto en comparación con los ingresos de otros sectores. Por ejemplo, el nuevo salario de los senadores equivale a más de 30 jubilaciones mínimas, considerando que el haber mínimo es de aproximadamente $304.724.
A pesar de las críticas, la actualización salarial se hará efectiva en julio, reflejando los aumentos del 1,3% acordados para los meses de marzo, abril y mayo en las paritarias del personal legislativo.
Este episodio reaviva el debate sobre los privilegios de la clase política y la necesidad de revisar los mecanismos de actualización de sus remuneraciones, especialmente en un contexto de crisis económica y ajustes para la mayoría de la población.
