El Tribunal Oral Federal 4 tiene previsto resolver esta semana si el empresario Lázaro Báez deberá volver a prisión para terminar de cumplir su condena a 10 años de cárcel por lavado de dinero, en el marco de la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. La condena fue recientemente confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con la sentencia firme, el fiscal Abel Córdoba solicitó que Báez sea trasladado nuevamente a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, al igual que el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín. Todos ellos ya pasaron por prisión y arresto domiciliario, pero les resta cumplir parte de sus condenas. Actualmente, Báez permanece con prisión domiciliaria en una vivienda de El Calafate, Santa Cruz.
Sin embargo, su abogado defensor, Juan Villanueva, sostiene que Báez ha estado detenido por más de nueve años en total, por lo que ya habría cumplido su pena. Plantea que, luego de su salida del penal de Ezeiza, siguió bajo prisión domiciliaria por otra causa relacionada con el mismo expediente: la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay, por la que fue condenado a cuatro años y medio, aunque esa condena aún no está firme.
La defensa tiene plazo hasta mañana a las 9.30 para presentar su descargo. Algunas ya lo hicieron. Una vez vencido ese plazo, los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero estarán en condiciones de resolver.
Según el cómputo del tribunal, Báez estuvo detenido en el penal de Ezeiza desde el 5 de abril de 2016 hasta el 12 de diciembre de 2019, es decir, tres años, seis meses y ocho días. Como fue condenado a 10 años, aún le restan cumplir seis años, seis meses y 22 días. A Pérez Gadín le quedan dos años, tres meses y 29 días; a Chueco, dos años, tres meses y 28 días; y a Martín Báez, dos años, un mes y 29 días.
El fiscal Córdoba solicitó que se ordenen las capturas y el traslado a una cárcel federal. En el caso de Martín Báez, la fiscalía pidió que se le otorgue la libertad condicional. La defensa de Lázaro Báez ya objetó el cómputo y anticipó que presentará un nuevo escrito, insistiendo en que debe permanecer en prisión domiciliaria por razones de salud y por el tiempo ya cumplido en detención.
Además de la condena de 10 años por la “Ruta del dinero K”, Báez tiene otras dos sentencias:
• Cuatro años y medio por el campo en Uruguay
• Seis años por la causa de la obra pública en Santa Cruz, en la que también está condenada Cristina Kirchner. Esta última causa aún está en revisión por la Corte Suprema.
Si esas condenas quedan firmes, se unificarán las penas, aunque no de forma aritmética. Será el tribunal quien determine la pena final que deberá cumplir.
La semana pasada fueron detenidas seis personas en la causa:
• Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera SGI (ex pareja de Iliana Calabró)
• César Fernández, ex empleado de SGI
• Juan Alberto De Rasis, ex empleado de un banco suizo
• Carlos Molinari, empresario
• Eduardo Castro
• Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, quien fue internado por una descompensación el mismo día que se ordenó su detención. Tiene consigna policial permanente hasta recibir el alta médica.
Todos solicitaron prisión domiciliaria por razones de salud o edad (algunos superan los 70 años). El Cuerpo Médico Forense será el encargado de evaluar esas condiciones durante la próxima semana.
Con las condenas firmes, también quedaron vigentes las multas millonarias impuestas. En el caso de Báez, la multa es equivalente a seis veces el monto lavado, es decir, 330 millones de dólares.
En paralelo, la justicia comenzará el proceso de ejecución de bienes embargados: hay cerca de 1.500 activos, entre empresas, vehículos e inmuebles a nombre de Báez o sus compañías. La mayoría (unos 1.300) son vehículos, maquinarias y camiones, muchos de los cuales ya fueron rematados o forman parte de la quiebra de Austral Construcciones.
Será el tribunal el que determine qué bienes quedan disponibles para ejecutar con el fin de pagar las multas impuestas.
