A más de un año de la evitable tragedia que costó la vida a Daniel Ochoa y Rosana Ledesma en la mina Cerro Negro, sus familias continúan una desgarradora batalla contra el gigante minero Newmont y la cúpula de AOMA Santa Cruz. Denuncian un pacto de silencio, dilaciones judiciales y el abandono de quienes debían protegerlos. Mientras, legisladores provinciales de “Por Santa Cruz” impulsan medidas para que el horror no se repita y la memoria de las víctimas perdure.
El Día que la Mina Cobró Dos Vidas: Crónica de una Muerte Anunciada
El 9 de abril de 2024 quedó marcado a fuego en la historia de la minería santacruceña. Ese día, Daniel Ochoa, un joven operario de laboratorio de apenas 26 años, y la ingeniera Rosana Ledesma, de 48, descendieron a las profundidades de la Mina Mariana Norte, parte del complejo Cerro Negro operado por la multinacional Newmont. Por ese agujero —cuatrocientos setenta y cinco metros bajo la superficie quebrada por el frío y por un viento insolente— descendieron Daniel y Rosana. Y nunca más subieron.
La causa oficial de sus muertes, según los informes iniciales que trascendieron, fue la inhalación de gases tóxicos. Esta circunstancia encendió de inmediato las alarmas sobre las condiciones de seguridad en el yacimiento, apuntando a posibles fallas en los sistemas de ventilación, la detección de gases o la provisión de equipos de protección personal adecuados. La noticia de su desaparición durante la jornada laboral desencadenó una búsqueda angustiante que culminó con el peor de los desenlaces: el hallazgo de sus cuerpos sin vida en el interior de la mina. El hecho no solo sumió en el dolor a sus seres queridos, sino que también desnudó una vez más los peligros inherentes a una actividad que, sin los controles y la responsabilidad adecuados, puede convertirse en una trampa mortal.
“Queremos que se Sepa, que no Quede en la Nada”: La Agonía de las Familias y el Muro de Silencio
La voz de Gisela Ochoa, hermana de Daniel, se ha erigido como el estandarte de un reclamo que no cesa: justicia. Su testimonio, recogido en una entrevista realizada en exclusiva con LA PRENSA DE SANTA CRUZ, refleja la impotencia y el calvario que atraviesan las familias. “Yo en alguna oportunidad le dije a Javier Castro… que por ahí necesitábamos plata nosotros para viajar desde acá a Las Heras, a ver el expediente, a hablar con el fiscal, porque todo eso sale de bolsillo”, confesó Gisela, evidenciando la carga no solo emocional sino también económica que deben sobrellevar.
Esta lucha se enfrenta a un proceso judicial que, según denuncian, avanza con una lentitud exasperante. “La empresa tiene que contestar y no contesta”, lamenta Gisela en referencia a los requerimientos judiciales cursados a Newmont para que explique, por ejemplo, “qué tarea le compete a cada uno de los que participó esa noche o toda esa tarde en la mina Mariana Norte. Esta falta de colaboración empresarial se suma a la demora en la entrega de los resultados finales de la autopsia, cruciales para determinar con exactitud el agente tóxico que les quitó la vida. “Seguimos esperando el resultado final de la autopsia, porque tienen que analizar los ojos, los cerebros y los pulmones, para ver si encuentran realmente qué gas los mató”, explicaba Gisela. “Los órganos de Daniel Ochoa siguen en la morgue”.
La familia de las víctimas sigue buscando justicia, denunciando la lentitud del proceso judicial. Esta inacción judicial es un eco de las palabras de Gisela, quien también denunció la “falta de respuestas en la causa”. A esto se añade la espera por testimonios que consideran clave, como las declaraciones del equipo de rescate minero, personal de seguridad e higiene de la empresa y, fundamentalmente, una compañera de trabajo de Rosana Ledesma que podría aportar información vital sobre las condiciones laborales.
La persistencia de estas demoras, especialmente la retención de los resultados completos de la autopsia y la aparente negativa de Newmont a proveer información solicitada por la justicia, alimenta la sospecha de que no se trata de una simple ineficiencia burocrática. Estas dilaciones se alinean con la acusación directa de la familia, que sostiene que la empresa busca “dilatar” el caso , esperando que el desgaste emocional y financiero termine por acallar su reclamo. El hecho de que las familias deban costear de sus propios bolsillos los gastos para seguir la causa –”todo eso sale de bolsillo”, “ninguna tiene plata”, relata Gisela sobre ella y su madre, quien subsiste con una jubilación pone de manifiesto una alarmante asimetría de poder. La justicia, en estas condiciones, parece convertirse en un bien de lujo, accesible solo para quienes pueden sostener económicamente una larga y costosa batalla legal contra corporaciones con recursos virtualmente ilimitados.
El temor de las familias a que este caso quede impune se ve avivado por el sombrío historial de la minería en la provincia. “No queremos que quede en la nada como quedó en la nada los nueve mineros que fallecieron antes, nueve o diez creo que eran”, expresó con angustia Gisela. Los fundamentos de la posterior ley de concientización en seguridad minera mencionan una dolorosa lista de fatalidades previas: Mario Colodro Fernández (2011), Marcos Dante Apaza (2012), Carlos Peralta (2019), Gustavo Pereyra (2021), además de un grave accidente en 2004 que costó múltiples vidas.
Newmont en la Mira: Negligencia Sistemática y Denuncias de Encubrimiento
La familia Ochoa, a través de su abogada y de la propia Gisela, ha trazado una escalofriante “cadena de responsabilidades” que apunta directamente a la cúpula de Newmont Cerro Negro. Entre las fallas más graves, se denuncia un error fatal en la Sala de Control de la mina, que no habría informado que el sector al que ingresaron Daniel y Rosana se encontraba inhabilitado, pese a ser la instancia encargada de otorgar los permisos de acceso.
Un eslabón crítico en esta cadena de negligencias fue la ausencia del pañolero, el encargado de suministrar los Elementos de Protección Personal (EPP). Según la denuncia, este trabajador se ausentó de su puesto por orden directa del Superintendente de Mina, dejando a los operarios sin acceso a equipos esenciales para su seguridad. Que esta ausencia respondiera a una directiva de un alto cargo jerárquico de Cerro Negro agrava la situación, pues sugiere que la decisión de comprometer la seguridad de los trabajadores provino de la propia línea de mando de la empresa. No se trataría de un descuido individual, sino de una orden gerencial con consecuencias fatales.
Más alarmante aún es la denuncia de que existía una “costumbre” en la mina de presionar a los trabajadores para que ingresaran a sectores peligrosos sin los elementos de seguridad necesarios, incluso “sin casco”, bajo la amenaza implícita o explícita de despido si se negaban o se quejaban. Esta práctica, de ser fehacientemente comprobada, revelaría una cultura empresarial donde la producción se antepone sistemáticamente a la vida y la integridad de los empleados.
Frente a estas acusaciones, la respuesta de Newmont ha sido calificada por las familias como de “lentitud y falta de colaboración”, una estrategia que buscaría “dilatar” el proceso judicial hasta que “la familia se canse”, aprovechando su superioridad económica. Incluso, un gerente de la empresa habría admitido en privado tener una opinión sobre lo ocurrido, pero alegó no poder expresarla, lo que sugiere una política de silencio corporativo destinada a proteger la imagen de la compañía por encima de la verdad.
Las denuncias van más allá de la negligencia y la obstrucción, llegando a señalamientos de presunto encubrimiento y alteración de pruebas. La revista Anfibia publicó en una de sus ediciones, una nota al respecto, y arrojó una afirmación contundente: “Porque la empresa es ama y señora del lugar. Porque para ella borraron pruebas, eliminaron registros, sacaron, pusieron, movieron”. En una línea similar, Gisela Ochoa declaró a medios de Río Gallegos que el gremio AOMA salía a pedir justicia “cuando ya eliminaron la mayoría de las pruebas, como lo dijo el fiscal”. Estas gravísimas acusaciones, que de confirmarse configurarían delitos penales, pintan un panorama desolador sobre las prácticas de la minera.
La combinación de una “costumbre” de forzar trabajos inseguros, la presión para silenciar a empleados conocedores de la situación y las denuncias de manipulación de evidencia sugieren un modelo operativo donde la seguridad es sistemáticamente vulnerada y cualquier intento de exposición es activamente reprimido.
AOMA: El Gremio Ausente y Acusado de Complicidad
El rol de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Santa Cruz, y en particular de su Secretario General, Javier Castro, ha sido uno de los focos de mayor indignación para las familias de las víctimas. Gisela Ochoa es categórica al afirmar que, en los momentos iniciales tras la tragedia, no recibieron “nada, nada cero” de apoyo por parte del gremio. Las promesas de ayuda que Javier Castro habría realizado, incluyendo asistencia económica para los viajes necesarios para seguir la causa judicial, se desvanecieron. “Desapareció, no le importó nada, nunca”, sentenció Gisela. Las promesas de realizar asambleas en el yacimiento o colaborar con la difusión del reclamo mediante pasacalles tampoco se materializaron.
Lejos de encontrar contención, la familia Ochoa denuncia haber sido objeto de hostilidad y silenciamiento por parte de la estructura gremial. Fueron bloqueados de las páginas oficiales de AOMA Santa Cruz en redes sociales, e incluso de perfiles personales de dirigentes, por el simple hecho de pedir ayuda y comentar las publicaciones. “Nos bloquearon a todos. Hoy me llegaron capturas de lo que publicaron, pero ni siquiera podemos verlos. Es un posteo vacío. Nunca nos ayudaron”, relató Gisela a El Diario Nuevo Día. Este acto de bloquear a una familia en duelo que busca respuestas sobre la muerte de un trabajador afiliado revela una postura institucional alarmante, más preocupada por controlar la narrativa y evitar críticas que por atender el sufrimiento y las legítimas demandas de sus representados.
La situación de AOMA en la causa judicial es, cuanto menos, comprometedora. El gremio intentó presentarse como querellante, una figura procesal que le permitiría impulsar la investigación en nombre de las víctimas. Sin embargo, esta pretensión fue rechazada tanto por la fiscalía como por el juez interviniente, argumentando la “propia responsabilidad [de AOMA] en no garantizar la seguridad de los empleados mineros”. Gisela Ochoa manifestó públicamente su acuerdo con esta decisión judicial: “Se les murieron dos personas, ellos también tienen responsabilidad. Me pareció correcta la decisión del juez”. Este revés judicial no es un mero tecnicismo; constituye un señalamiento formal por parte del sistema de justicia sobre la posible corresponsabilidad del sindicato en las fallas de seguridad que condujeron a la tragedia. Implica que, lejos de ser un mero espectador o un aliado incondicional de las víctimas, el gremio mismo podría tener que rendir cuentas por su actuación u omisión.
Esta realidad contrasta de manera flagrante con las declaraciones públicas de Javier Castro, quien aseguró a los medios que AOMA “será parte de la investigación” y que exigirán con todas sus fuerzas que se investigue lo sucedido. Esta postura pública choca frontalmente con la experiencia de abandono y bloqueo denunciada por la familia Ochoa, y con el dictamen judicial que cuestiona la legitimidad del gremio para actuar como acusador debido a su propia implicación en los hechos. La conducta de AOMA Santa Cruz, bajo la dirección de Castro, parece priorizar la evasión de la crítica y la gestión de su imagen pública por sobre la compasión, el apoyo efectivo y la asunción de responsabilidades.
Una Luz de Esperanza Legislativa: El Compromiso de “Por Santa Cruz”
En medio de tanta desolación y frente a la indiferencia de quienes debían velar por la seguridad y justicia, un grupo de legisladores provinciales del bloque “Por Santa Cruz” ha brindado un apoyo tangible y constante a las familias Ochoa y Ledesma. Gisela Ochoa menciona explícitamente en su testimonio a los diputados Javier Jara, Santiago Berastain y Pedro Luxen, como figuras que “siguen ahí apoyando”. La presencia y el compromiso de estos representantes políticos han sido un bálsamo para las familias y han cristalizado en acciones concretas. Javier Jara es diputado por Las Heras y Santiago Aberastain por Puerto Deseado, ambos por el espacio político “Por Santa Cruz”, mientras que Pedro Luxen también integra dicho bloque.
La iniciativa más destacada, impulsada por estos legisladores en conjunto con el Poder Ejecutivo Provincial, es la Ley N° 3926, que instituye el 9 de abril de cada año como el “Día Provincial de la Concientización en Seguridad Laboral Minera”. La elección de la fecha, aniversario de la tragedia de Daniel y Rosana, es un homenaje directo a su memoria y un recordatorio perpetuo de la necesidad de priorizar la vida en la actividad minera. Esta ley, sancionada el 10 de abril de 2025 y promulgada el 7 de mayo del mismo año, representa una victoria simbólica y práctica para las familias, que anhelaban que la muerte de sus seres queridos “no quede en la nada” y sirva para “mantenerlos con vida, por lo menos en el recuerdo”.
La ley no se limita a lo conmemorativo. Su Artículo 2 establece la obligación para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en conjunto con las empresas mineras que operan en la Provincia, de realizar anualmente, durante la segunda semana de abril, campañas de visibilización de riesgos y sistemas de seguridad en todos los yacimientos. Estas campañas deben promover los derechos laborales y el cumplimiento de la responsabilidad empresarial en la aplicación de los protocolos de seguridad. Este mandato legal crea un mecanismo de presión y supervisión externa sobre las prácticas de compañías como Newmont, obligándolas a participar activamente en la prevención. Además, la norma incorpora la fecha al calendario protocolar provincial, asegurando la difusión de los riesgos inherentes a la actividad.
El respaldo de estos legisladores se manifestó tempranamente. Ya el 16 de abril de 2024, a pocos días de la tragedia, el diputado Pedro Luxen (Por Santa Cruz) afirmaba categóricamente: “el gobierno está a disposición de las familias, la familia no está sola. Y que realizarán todas las gestiones necesarias ante la Justicia, somos los primeros que queremos saber qué pasó”. Estas acciones y declaraciones contrastan fuertemente con la actitud de Newmont y AOMA, demostrando que es posible ejercer la función pública con empatía y compromiso con las víctimas. La Ley N° 3926 es un testimonio de cómo la voluntad política puede traducirse en herramientas concretas para honrar la memoria, promover la prevención y avanzar hacia una cultura de mayor responsabilidad en un sector tan crucial y riesgoso como la minería.
Un Largo Camino Hacia la Verdad: El Estado de la Causa y las Preguntas Sin Respuesta
A pesar del tiempo transcurrido y la incansable lucha de las familias, la investigación judicial sobre las muertes de Daniel Ochoa y Rosana Ledesma avanza con una lentitud que desespera y alimenta las sospechas. El fiscal a cargo de la causa ha solicitado a la empresa Newmont listados del personal que trabajaba el día del accidente, incluyendo a aquellos que posteriormente fueron despedidos, con el fin de citarlos a declarar. Esta medida busca reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades individuales y corporativas.
Una de las incógnitas centrales que la investigación debe dilucidar es la naturaleza exacta del gas o los gases tóxicos que provocaron las muertes. Para ello, es imprescindible el análisis exhaustivo de las muestras biológicas tomadas durante la autopsia, específicamente de los ojos, cerebros y pulmones de las víctimas. La identificación precisa del agente letal es fundamental no solo para establecer la causa de muerte con certeza científica, sino también para entender qué falló: si se trató de una emanación imprevista, si los sistemas de detección no funcionaron o no eran adecuados para ese tipo de gas, o si los equipos de protección personal eran insuficientes o inexistentes.
Paralelamente a la causa penal, Gisela Ochoa mencionó la existencia de un juicio civil, aunque aclaró que este se encontraba en una etapa muy incipiente y no ofrecía ninguna solución económica inmediata para las familias, que continúan afrontando gastos significativos en su búsqueda de justicia.
El hecho de que, transcurrido más de un año, elementos tan básicos de una investigación por muerte como la identificación precisa del agente causal y la toma de testimonios a testigos directos y personal clave de la empresa sigan pendientes, resulta profundamente preocupante. Esta “justicia diferida”, como la perciben las familias, se asemeja peligrosamente a una “justicia denegada”. La dilación no solo prolonga la agonía de los deudos, sino que también puede favorecer la impunidad, permitiendo que las pruebas se degraden, los recuerdos se vuelvan difusos y la presión sobre los eventuales responsables disminuya. Esta situación pone en tela de juicio la capacidad o la voluntad del sistema judicial para actuar con celeridad y eficacia cuando se enfrenta a intereses corporativos poderosos.
Conclusión: La Lucha por Daniel y Rosana es una Lucha por Todos – ¡Nunca Más!
El grito de las familias Ochoa y Ledesma resuena con una claridad dolorosa: exigen justicia, verdad y que se establezcan responsabilidades claras para que la tragedia de Cerro Negro no se repita jamás en los yacimientos mineros de Santa Cruz. Su lucha no es solo por Daniel y Rosana; es una batalla por la dignidad y la seguridad de todos los trabajadores mineros.
Resulta imperioso que la empresa Newmont rinda cuentas por la “cadena de fallas sistémicas, de procedimientos, de supervisión y de cumplimiento de las obligaciones” que, según las denuncias, condujeron a estas muertes evitables. Su conducta posterior, marcada por la presunta falta de colaboración con la justicia y las acusaciones de dilación, solo agrava su situación y refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva e imparcial.
Asimismo, es urgente una profunda reflexión y una acción decidida respecto al rol de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Santa Cruz. Las graves acusaciones de abandono, silenciamiento e incluso de responsabilidad propia en las fallas de seguridad, evidenciadas por el rechazo judicial a su personería como querellante, demandan una depuración interna que garantice que el gremio cumpla con su mandato primordial: proteger a los trabajadores, y no actuar como escudo de las empresas o de su propia negligencia.
En este oscuro panorama, el compromiso y la acción de los legisladores de “Por Santa Cruz” –Javier Jara, Santiago Berastain y Pedro Luxen– representan un faro de esperanza. La promulgación de la Ley N° 3926, que establece el Día Provincial de la Concientización en Seguridad Laboral Minera, es un paso fundamental, pero debe ser el comienzo de un esfuerzo sostenido de fiscalización y creación de políticas públicas que pongan la seguridad y la vida por encima de cualquier interés económico.
La sociedad santacruceña y las autoridades en todos sus niveles tienen la responsabilidad de no permitir que la memoria de Daniel Ochoa y Rosana Ledesma se diluya en la burocracia de los expedientes judiciales o en el olvido conveniente. Su trágico final debe ser un catalizador para un cambio real y profundo en las prácticas de seguridad de la industria minera. Solo así se podrá honrar verdaderamente sus vidas. La justicia para Daniel y Rosana sigue esperando, y con ella, la esperanza de un futuro más seguro para la minería en Santa Cruz.
