Un operativo nocturno sorpresivo y sin incidentes sacó carpas, banderas y parrillas que ocupaban la cuadra; la causa judicial por la condena y la solicitud de prisión domiciliaria aceleran la tensión política.
En la madrugada del domingo, alrededor de las 2:30 a.m., efectivos de la Policía de la Ciudad —con apoyo de agentes de Espacio Público— llevaron adelante un operativo relámpago en la intersección de San José y Humberto I, frente al departamento de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Constitución. El despliegue de más de 160 efectivos retiró carpas, ocho gazebos, banderas, cartelería, mesas, sillas y seis parrillas que llevaban días ocupando la vereda y parte de la calle, sin provocar detenciones ni enfrentamientos, según confirmó la fuerza policial .
El operativo buscó “liberar el espacio público” de forma sorpresiva, evitando aglomeraciones y posibles desbordes. A las 3 a.m., ya no había manifestantes ni policías en la zona, y el tránsito había sido restablecido . Vecinos denuncian que la vigilia se extendió desde la confirmación de la condena de seis años de prisión por la causa Vialidad, cuando militantes instalaron puestos, parrillas y estructuras que alteraron la convivencia habitual del barrio .
La militancia kirchnerista argumentó que se trataba de una “vigilia pacífica” en apoyo a su líder y denunció que acercan objetos de agrupaciones como Nuevo Encuentro, que denunciaron incautaciones de banderas . La vocera porteña Laura Alonso sostuvo que el operativo responde al equilibrio entre garantizar la expresión y proteger la vida del barrio, subrayando la necesidad de regularizar la vía pública .
El desalojo ocurre en paralelo con la maniobra judicial de la defensa de Cristina Kirchner, que solicitó al Tribunal Oral Federal 2 que su condena se ejecute bajo prisión domiciliaria en ese mismo departamento, alegando su condición de expresidenta, el intento de asesinato de 2022 y la alta complejidad de su seguridad personal . Peritos de Control y Asistencia Penal inspeccionaron la propiedad y concluyeron que reúne las condiciones necesarias para ese régimen.
TENSIONES QUE REMONTAN Y TONO PRE-ELECTORAL
El operativo de hoy refleja un escenario donde lo político y lo judicial se entrelazan. La vigilia simboliza el estado de movilización permanente de la militancia kirchnerista, que ha convertido el domicilio de Cristina en un epicentro de resistencia y visibilización frente a su condena judicial. La respuesta rápida del Gobierno porteño busca reafirmar el control del orden urbano y contrarrestar cualquier símbolo de paralización institucional en un contexto marcado por la proximidad de elecciones y alta polarización.
Además, la decisión de desalojar la zona puede interpretarse como un gesto táctico que busca evadir una concentración sostenida que pudiera derivar en un hecho más violento o en una escalada de enfrentamiento entre manifestantes, vecinos y fuerzas de seguridad.
El pedido formal de prisión domiciliaria instala una nueva tensión: el domicilio es ahora el centro de la redacción judicial y política. Si el tribunal acepta, el escenario pasará de ser una acampada a convertirse en un espacio de custodia permanente. Si lo rechaza, surgirán nuevas movilizaciones y reclamos del peronismo sobre supuesta persecución y violencia.
Este episodio desnuda una realidad: el poder simbólico de la calle frente a la cárcel. La presencia activa de militantes frente a un domicilio político muestra que la lucha no es solo judicial, sino también territorial y comunicacional. Desde una perspectiva democrática, el Estado debe permitir la expresión, pero no al precio de desbordar el derecho a la convivencia vecinal.
Por otro lado, el convergente ticket entre desalojo judicial y operación de seguridad es otra muestra de la instrumentalización del Estado en un contexto electoral. La clave estará en el fallo judicial: si se acepta la prisión domiciliaria, el conflicto cambiará de escenario. Si no, puede intensificarse la protesta callejera.
En un mes decisivo, donde la Justicia resolvió, el peronismo se resguarda y la sociedad observa el devenir de un país polarizado, este desalojo es apenas una bisagra en una narrativa mayor: la tensión entre la legalidad y el deseo de protagonismo político.
