El nuevo estatuto por decreto redefine funciones, limita el ingreso, elimina tareas locales y concentra el foco en inteligencia criminal e investigación federal. Especialistas cuestionan las facultades excepcionales para operar sin orden judicial previa.
El Gobierno nacional oficializó ayer una profunda reforma estructural sobre la Policía Federal Argentina (PFA), a través del Decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial. Se trata de la derogación del Estatuto Orgánico que regía desde 1958 y la aprobación de un nuevo régimen que transforma el rol de la fuerza de seguridad, reduciendo su despliegue territorial en zonas urbanas y focalizando su misión en tareas de investigación e inteligencia criminal sobre delitos federales y complejos.
El acto político de presentación se realizó en la sede del Cuerpo de Policía Montada en Palermo, con la presencia del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes firmaron el decreto y destacaron que se trata de un “cambio histórico” que devuelve a la PFA su “rol estratégico de élite” dentro del sistema de seguridad federal. La ministra fue enfática al señalar que se pretende una “Policía Federal científica, técnica, profesional”, con capacidad para abordar delitos como narcotráfico, trata de personas, crimen organizado, lavado de dinero y corrupción estructural.
La reforma incluye la creación del Departamento Federal de Investigaciones, que estará dotado de unidades específicas de análisis, áreas forenses, división cibernética y coordinación regional, con autonomía operativa en los procedimientos de pesquisa criminal. En esa línea, el decreto estipula que la PFA dejará progresivamente de intervenir en tareas de patrullaje y seguridad urbana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, completando el proceso de traspaso de funciones a la Policía de la Ciudad iniciado en 2016.
Uno de los aspectos más discutidos del nuevo estatuto es la modificación de las atribuciones operativas. A partir de ahora, se autoriza a la PFA a realizar allanamientos, requisas, detenciones y patrullaje digital incluso sin orden judicial previa, siempre que se notifique con posterioridad y se justifique bajo los criterios de flagrancia o necesidad operativa inmediata. Organismos de derechos humanos y referentes del derecho penal expresaron su preocupación por la legalidad de estas medidas, advirtiendo que podrían habilitar abusos o criminalización preventiva de la protesta. “Paso a paso avanza el desarme del Estado constitucional de derecho”, publicó el CELS en redes sociales, mientras que el constitucionalista Andrés Gil Domínguez calificó las disposiciones como “riesgosas” para el equilibrio institucional.
Desde el Gobierno afirman que tales atribuciones ya se encontraban en uso operativo bajo protocolos internos, y que ahora se formalizan en una norma pública que incorpora mecanismos de control y auditoría interna. De hecho, el decreto incluye una reforma al sistema disciplinario y un programa de evaluación institucional continua, a cargo de una unidad específica dependiente del Ministerio de Seguridad.
También se modifica el perfil profesional: se establece un límite al ingreso de nuevos agentes, que no podrá superar la dotación actual, y se orienta la selección hacia egresados universitarios, con formación previa en áreas como criminología, derecho, informática, psicología o medicina forense. La estructura piramidal de suboficiales se reduce y se promueve un esquema similar al del FBI estadounidense, con agentes investigadores de carrera. Para los altos mandos, se habilita el mantenimiento en actividad de personal retirado en caso de “necesidad institucional”, como mecanismo de aprovechamiento del capital profesional acumulado.
Junto con estas medidas, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de un Programa Presupuestario de Modernización, destinado a financiar infraestructura tecnológica, adquisición de equipos y procesos de innovación. Este programa se financiará con los ahorros derivados de la reducción de personal operativo y tareas descentralizadas.
Por último, se establece un régimen de emergencia por dos años que habilita al Ministerio de Seguridad a adoptar decisiones de urgencia en materia de contrataciones, logística y reorganización territorial sin pasar por el régimen administrativo ordinario.
La reforma, impulsada en nombre de la eficiencia y la modernización, abre un debate profundo sobre los límites del poder estatal en el campo de la seguridad, la arquitectura legal de las garantías individuales y el modelo de fuerza federal que la democracia argentina necesita. Si el objetivo es profesionalizar la investigación criminal, las claves estarán en la implementación efectiva, la fiscalización rigurosa y el respeto irrestricto de los derechos constitucionales. La construcción de una Policía de investigación moderna no puede realizarse al margen del Estado de derecho.
