El gobierno de Javier Milei, por medio de la ministra Patricia Bullrich, impulsa una profunda reforma en la Policía Federal Argentina. Entre los puntos centrales, se destaca la ampliación de facultades para las fuerzas, permitiendo una mayor libertad de acción en la investigación y detención de personas bajo sospecha. La iniciativa incluye el uso de ciberpatrullaje y la posibilidad de realizar requisas sin orden judicial en determinados casos, lo que genera fuertes debates sobre los límites entre seguridad y derechos individuales.
