El sistema de salud privado argentino enfrenta una amenaza silenciosa: miles de clínicas y sanatorios podrían ser embargados por ARCA a partir de enero si no se prorroga la resolución que protege al sector desde hace décadas.
Por debajo del escándalo mediático que despertó la ejecución fiscal contra el Hospital Garrahan, se esconde una crisis de dimensiones mucho mayores. Son más de 5.000 las clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de diagnóstico del sistema de salud privado que se encuentran hoy en situación crítica, al borde de la ejecución judicial por deudas impositivas acumuladas desde hace más de veinte años. La Resolución 617/24 del Ministerio de Economía —que hasta ahora impide a ARCA (ex-AFIP) iniciar embargos y medidas cautelares— vence el 31 de diciembre. Y con ella, expira una tregua frágil que ha venido sosteniendo con alfileres a uno de los pilares del sistema sanitario nacional.
El problema, como suele ocurrir en la Argentina, no es nuevo. Tras la crisis de 2001, el entonces Gobierno decretó la emergencia sanitaria, permitiendo a prestadores privados postergar sus obligaciones fiscales y patronales. Ese estado excepcional se prorrogó año tras año hasta 2023, generando una montaña de pasivos fiscales que nunca fue saldada. La pandemia de 2020 terminó de colapsar el equilibrio: los aranceles permanecieron congelados, los costos explotaron y muchas instituciones comenzaron a operar en rojo sistemático. A pesar de los paliativos ofrecidos desde el Estado —programas como el ATP, diferimientos y moratorias—, el sector privado acumula deudas impagables que hoy amenazan con judicializarse de forma masiva.
Según estimaciones de Adecra+Cedim, unas 5.000 instituciones están “detectadas” por ARCA y podrían ser blanco inmediato de ejecuciones fiscales si no se renueva el paraguas normativo. La Unión Argentina de Salud advierte que la magnitud del problema excede a las empresas: la eventual caída de estos prestadores dejaría sin cobertura a casi 30 millones de personas, entre afiliados a obras sociales, prepagas y convenios con PAMI o IOMA. Además, pondría en riesgo más de 300.000 empleos registrados en el sector salud, desde enfermeros y camilleros hasta administrativos, técnicos y médicos.
El Gobierno reconoce el conflicto, pero hasta ahora se ha limitado a convocar mesas de diálogo con las cámaras empresarias, sin anunciar medidas concretas. Desde el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, se asegura estar “evaluando alternativas”, pero la cuenta regresiva no se detiene. Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, también abrió conversaciones con prestadores regionales, pero ninguna jurisdicción tiene aún definida una respuesta de fondo. Lo que está en juego, insisten desde el sector, no es un subsidio ni un perdón fiscal: es el sostenimiento de un sistema que, guste o no, sostiene buena parte de la atención médica cotidiana del país.
Las entidades privadas reclaman una prórroga urgente de la Resolución 617/24, acompañada de un régimen de regularización de deudas con criterios realistas: quita de intereses y multas, condonación parcial y, sobre todo, planes de pago sin exigencias iniciales imposibles de afrontar. La reciente ley de medidas fiscales paliativas aprobada por el Congreso ofrece una moratoria, pero el acceso está condicionado a adelantos que muchas clínicas directamente no pueden cubrir.
Mientras tanto, en silencio, el deterioro ya es palpable: prácticas médicas diferidas, guardias desbordadas, copagos no declarados, médicos que dejan de atender por falta de cobro y centros de salud que, sin recursos, son intervenidos por el Estado para garantizar su funcionamiento. La crisis no es una amenaza futura: ya comenzó a manifestarse en la vida diaria de pacientes y trabajadores.
El caso del Garrahan, si bien simbólico, no es único. Lo que ocurrió con el histórico hospital pediátrico —donde ARCA embargó fondos por $2.000 millones tras una larga disputa tributaria— podría replicarse en miles de instituciones privadas si el Estado no renueva su compromiso con el sector. El sistema público, desbordado desde hace años, no podrá absorber un eventual colapso masivo del subsistema privado. Esa es la advertencia que repiten en voz baja tanto en las cámaras de prestadores como en los gremios y asociaciones profesionales.
Frente a este escenario, sobran las razones para actuar con urgencia. Lo que está en juego no es sólo una cuestión fiscal. Es la continuidad de la atención médica en Argentina. Es la posibilidad de que miles de trabajadores conserven su empleo. Es la garantía de que el sistema de salud, con todos sus defectos, siga existiendo. Porque lo que podría venir, si no se reacciona a tiempo, es mucho más costoso que cualquier deuda impaga.
