La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó el pedido de caducidad de instancia presentado por la defensa; la causa civil por daños al Estado avanza en paralelo al fallo penal.
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, integrada por los jueces Guillermo Antelo, Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier, rechazó ayer por unanimidad el recurso de queja de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para declarar extinguido el juicio civil iniciado en 2018. La demanda, impulsada por la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Macri, reclama 22.500 millones de pesos (equivalentes a unos 1.125 millones de dólares en cotización de 2018) por los presuntos daños derivados de la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz.
La defensa de Cristina había argumentado la “caducidad de la instancia”, invocando el artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial: si no hay acción procesal durante seis meses, la causa debería cerrarse. Sin embargo, la Cámara consideró que el expediente no estuvo inactivo: en marzo de 2023, Carlos Santiago Kirchner, primo de la expresidenta, presentó un escrito para excluirse de la causa, lo que interrumpió el plazo de caducidad, según los jueces.
El fallo de primera instancia, dictado por el juez subrogante Marcelo Bruno Dos Santos, ya había rechazado la caducidad, apoyado en el artículo 317, que establece la imposibilidad de apelar esa decisión. Ante ello, la defensa presentó un recurso de queja, que ahora fue rechazado definitivamente por la Cámara.
En su fundamentación, la Cámara rechazó como “literal” el planteo de la defensa y consideró que, aun en caso de haber caducidad, la DNV podría iniciar un nuevo proceso igual, por lo que sería ilusoria y carente de sustento jurídico.
El expediente continúa activo. El Estado Nacional, a través de la DNV, mantiene la demanda y ahora se esperan nuevos pasos procesales: posibles objeciones de la defensa y, eventualmente, una sentencia que determine si Cristina Kirchner y otros condenados, como Lázaro Báez y José López, deberán indemnizar al Estado por el monto reclamado.
CONTEXTO Y REPERCUSIONES
Este revés judicial se da en un contexto de alta tensión política. Cristina Kirchner ya fue condenada en el plano penal —la Corte Suprema confirmó para el 10 de junio de 2025 una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad, que investiga el direccionamiento de obras públicas al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz — y cumple prisión domiciliaria.
El caso civil es paralelo y busca la reparación económica del Estado. Su avance refuerza la estrategia del oficialismo judicial, pero también intensifica la narrativa kirchnerista de persecución judicial (‘lawfare’), que la propia expresidenta ha reiterado.
Por su parte, el Gobierno nacional sostiene que los procesos obedecen al cumplimiento de la ley, en particular del Poder Judicial, sin intervención política. En tanto, el peronismo movilizado redobla su apoyo a la figura de la exmandataria, con masivas manifestaciones en Plaza de Mayo, y plantea que estos juicios apuntan a proscribirla políticamente.
La coyuntura es sumamente relevante de cara a las elecciones legislativas de octubre. Expertos advierten que el avance de las causas judiciales puede tanto fragmentar al peronismo como reforzarlo, según cómo se interpreten y movilicen los hechos.
Asimismo, Cristina enfrenta otras tres causas penales: la Causa Cuadernos, Hotesur‑Los Sauces y el Memorándum con Irán, que se suman a la causa Vialidad y configuran un panorama judicial complejo.
QUÉ VIENE AHORA
Continuación del juicio civil por daños al Estado, con nuevos plazos para presentación de pruebas, alegatos y posibilidad de sentencia.
Movilizaciones del kirchnerismo y reacción política en un ambiente cada vez más polarizado.
Repercusión en tribunales internacionales, donde la defensa podría recurrir tras el rechazo en instancias argentinas.
Un rol clave del Poder Judicial y del Gobierno nacional en el tono del debate: entre autonomía institucional y acusaciones de parcialización política.
