Un caso que expone verdades incómodas, violencia de genero y pone en valor la respuesta de la Policía.
Un operativo preciso de la División de Investigaciones de la Policía de Santa Cruz derivó en la detención de un comerciante de nacionalidad boliviana, propietario de un local muy concurrido sobre la calle Tierra del Fuego, en Caleta Olivia. Sobre el detenido pesaba una orden de captura emitida por el Juzgado de Garantías N.º 2 de La Matanza, provincia de Buenos Aires, por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”.
El procedimiento, supervisado por el Ministerio de Seguridad que conduce Pedro Pródomos, se desarrolló con profesionalismo y resguardo, priorizando la protección de la comunidad y evitando cualquier situación de alarma. Actualmente, el acusado permanece alojado en la Seccional Quinta y será trasladado a Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia.
El caso reaviva una pregunta inevitable: ¿qué controles fallaron para que una persona con pedido de captura pudiera mantenerse durante tanto tiempo al frente de un comercio local sin ser detectada? La respuesta no es sencilla, pero la detención muestra que cuando existe decisión política, coordinación y trabajo de campo, la seguridad pública deja de ser un discurso y se traduce en resultados concretos.
La investigación, que se llevó adelante en silencio durante varios días, culminó con un operativo eficaz que evita que un acusado de un delito grave siga conviviendo de forma impune en la vida cotidiana del barrio.
No obstante, la noticia vuelve a poner sobre la mesa el rol que ahora le corresponde a la Justicia. El Estado, a través de la Policía y del Ministerio de Seguridad, cumplió con su parte: identificar, detener y poner a disposición de la autoridad judicial a una persona buscada por un delito de extrema gravedad. El siguiente paso exige celeridad y contundencia por parte de los tribunales para que el proceso avance sin demoras y, sobre todo, sin dejar en el camino a las víctimas.
Mientras tanto, la comunidad vuelve a mirar su entorno con cautela y sentido crítico. La confianza vecinal, como demuestra este caso, se construye y se sostiene con hechos. El operativo de Caleta Olivia confirma que un Estado presente se mide por su capacidad de actuar cuando la seguridad y la tranquilidad de la gente están en juego.
Santa Cruz reafirma así una convicción clave: la seguridad no se promete, se garantiza. Y esta vez, la Policía y el Ministerio de Seguridad lo hicieron posible. Ahora la Justicia tiene la palabra.
