La Cámara Criminal de Caleta Olivia acaba de dictar una sentencia que sacude nuestro sentido de justicia: Gustavo Ezequiel Donaire, hoy de 25 años, fue condenado a 13 años de prisión efectiva por el abuso sexual de Millaray Cattani, hecho cometido en 2019 cuando la joven tenía apenas 13 años. El fallo llega tarde, sí, pero llega; y en ello descansa su fuerza simbólica. Porque cada día que la impunidad se alarga, la comunidad entera paga el costo de su propia desconfianza en las instituciones.
Millaray no pudo esperar la resolución de los tribunales. El 14 de abril de 2021 se quitó la vida en Puerto Deseado y su nombre se convirtió en bandera de lucha contra la violencia sexual infantil y la revictimización que suele acompañar estos procesos. Su ausencia pesa sobre esta condena, pero también ilumina una verdad: el calvario de una víctima puede prolongarse —y profundizarse— si el Estado y la sociedad no están a la altura.
La lectura del veredicto estuvo marcada por escenas contrapuestas: la celebración de la familia Cattani —que encontró un atisbo de reparación— y los disturbios de allegados al condenado que cuestionaron el fallo. Esa tensión retrata, en miniatura, el gran desafío que afrontamos como provincia: consolidar un consenso social firme e inquebrantable contra los delitos sexuales, sin concesiones ni excusas culturales que relativicen el daño.
Treinta años después de la reforma constitucional que elevó los tratados de derechos humanos a jerarquía constitucional, Santa Cruz todavía discute la aplicación plena de la perspectiva de género y de la protección integral de la niñez. El caso Millaray expone los desfasajes: dilaciones, pericias cuestionadas, y la crudeza de un juicio que debía haber sido rápido y ejemplar. El sentido de esta condena radica, justamente, en visibilizar lo que falta: capacitación específica para operadores judiciales, acompañamiento psicológico sostenido para las víctimas y sus familias, y dispositivos de prevención que hagan de la denuncia un proceso contenido, no un calvario adicional.
Donaire salió esposado de la sala y cumplirá su pena de modo inmediato. Pero la comunidad no puede dar por saldada su parte. Convertir este antecedente en política pública implica mirar más allá del expediente: exigir presupuestos adecuados para defensorías de la niñez, fortalecer programas escolares de educación sexual integral y romper con el silencio cómplice que —demasiadas veces— protege a los abusadores.
La justicia llegó para Millaray cuando ella ya no estaba para escucharla. Que su nombre sea un recordatorio permanente de lo que nunca debe repetirse: el abandono y la espera eterna. De lo contrario, habremos ganado un fallo, pero perdido la oportunidad de cambiar la historia.
