La violencia institucional no siempre se expresa con gritos o represión. A veces, adopta formas más sutiles, pero igual de graves: el silenciamiento, la deslegitimación pública, las amenazas encubiertas y la estigmatización de quienes se animan a decir lo que muchos prefieren callar.
La secretaria de Políticas Integrales de Género de Caleta Olivia, Paola Ramos, denunció haber sido víctima de amenazas a través de redes sociales y violencia institucional luego de declarar públicamente sobre casos de trata de personas que involucran a esta ciudad de la zona norte de Santa Cruz.
Sus declaraciones no solo fueron desoídas, sino que también desataron una reacción adversa que puso en juego su integridad y su trabajo. “Se puso en juego mi credibilidad y recibí amenazas por hablar de una realidad que existe en Caleta”, expresó Ramos, al referirse a las consecuencias personales e institucionales que sufrió tras exponer casos concretos.
No se trató de opiniones infundadas ni de denuncias al aire. Ramos dio detalles de uno de los hechos que forma parte de una causa federal en Buenos Aires, vinculada con secuestros y trata de personas con raíces en esta localidad. Frente a eso, lejos de recibir respaldo o un llamado a profundizar la investigación, se encontró con un contexto hostil que —según sus palabras— también afectó su legitimidad ante la sociedad.
“Se cuestionó incluso mi palabra. Se me pegó a mí personalmente, en un contexto muy hostil, donde intenté dar a conocer datos concretos sobre una problemática real”, agregó.
Ramos también fue crítica con el desconocimiento o la inacción de algunas autoridades y pidió responsabilidad, tanto a funcionarios como a la comunidad en general. Detrás de cada caso de trata hay una red de complicidades, un sistema que prefiere mirar para otro lado, y muchas víctimas silenciadas.
Hoy, la secretaria no solo denuncia amenazas: también pone sobre la mesa una verdad incómoda. Y esa verdad merece ser atendida, no atacada.
