La sombra de la impunidad vuelve a proyectarse sobre la figura de Lázaro Báez, símbolo ineludible de la trama de corrupción que marcó una época. A pesar de su condena y encierro, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola denunciaron un nuevo intento del empresario kirchnerista por desprenderse de bienes millonarios desde el penal de Río Gallegos. Lo hizo, según la presentación judicial, mediante la intermediación de su pareja, Claudia Insaurralde, militante kirchnerista y exfuncionaria del Ministerio de Planificación.
Insaurralde fue interceptada en la Unidad 15 mientras intentaba ingresar un poder general y documentación relacionada a propiedades de Báez, en el marco de una maniobra que, de confirmarse, apunta directamente a eludir la ejecución de la sentencia de la causa Vialidad. Esa causa —la misma que condenó a Cristina Fernández de Kirchner y al propio Báez a devolver al Estado casi $685.000 millones— sigue mostrando cómo la corrupción no termina con la lectura del veredicto: apenas muta, se adapta y sigue operando desde las sombras.
Según los fiscales, la maniobra no es aislada. Desde 2020, Insaurralde habría manejado alquileres y movimientos sobre el patrimonio del empresario y ahora habría intentado dar un paso más: vender esas propiedades antes de que pudieran ser decomisadas judicialmente. La Fiscalía no solo pidió que se declare nulo ese poder, sino que además solicitó investigar el patrimonio de la mujer, señalada como posible testaferro.
La jugada es burda, pero no ingenua. Es la lógica de los que se sintieron intocables durante años. Esos mismos que construyeron fortunas a la sombra del Estado y hoy buscan blindar sus bienes mientras la justicia avanza, aunque sea lentamente, con una balanza que todavía intenta recuperar su equilibrio.
Los fiscales también solicitaron ampliar las restricciones sobre los bienes a todos los condenados, incluida Cristina Kirchner. Porque si la sentencia debe tener efecto real, debe comenzar por ahí: por garantizar que lo robado —o al menos parte de ello— vuelva a las arcas públicas.
El caso de Lázaro Báez no es solo el de un empresario preso. Es la postal de una estructura donde el poder político y el económico se entrelazaron para vaciar al Estado. Y es también la prueba de que, aún tras las rejas, el saqueo sigue teniendo tentáculos.
Habrá que ver si esta vez, la Justicia no se queda solo en la denuncia. Porque mientras algunos intentan mover fichas desde una celda, la verdadera deuda sigue siendo con la sociedad que mira cómo la corrupción se recicla, se disfraza… y nunca termina de irse.
