Argentina enfrenta la primera audiencia clave tras la apelación y espera una nueva definición sobre la entrega de acciones prevista para los próximos días.
La gira judicial del juicio por la expropiación de YPF –un litigio que podría implicar un pago superior a 17 000 millones de dólares– ha ingresado en una etapa decisiva. Tras la apelación presentada por Argentina, entre el jueves 17 y el martes 22 de julio se producirán los primeros cruces de escritos entre Burford Capital, el fondo acreedor, y el Estado argentino.
En paralelo, la Corte de Apelaciones de Nueva York conformará una sala especial para evaluar la suspensión o confirmación de la orden provisoria que obliga a Argentina a transferir el 51 % de sus acciones de YPF como pago parcial . La decisión, que podría demorar varias semanas, determinará si se frena definitivamente esta ejecución mientras avanza la apelación.
Cabe recordar que la jueza Loretta Preska emitió un fallo en septiembre de 2023, responsabilizando al Estado argentino por expropiar YPF en 2012 sin realizar una Oferta Pública de Adquisición para todos los accionistas, tal como establecían los estatutos de la empresa . Según aquel fallo, Argentina debe pagar 14 390 millones de dólares a Petersen y 1 710 millones a Eton Park, con intereses que ya elevan la cifra a más de 17 500 millones.
Un alivio momentáneo llegó con la suspensión temporal de la orden de entrega del paquete accionario dictada por la Corte de Apelaciones, tras un pedido conjunto de ambas partes . Esa suspensión permite ganar tiempo para argumentar y presentar la apelación sin ejecutar medidas drásticas que afectarían la soberanía energética nacional.
En un gesto de respaldo, el Departamento de Justicia de EE.UU. se prepara para intervenir como “amicus curiae” a favor de Argentina, reforzando la defensa legal del país . Esta maniobra institucional suma peso en el debate sobre dominio soberano y métodos legales ante tribunales extranjeros.
A futuro inmediato, el proceso sigue tres vías: la definición de la apelación de fondo (para cuyo desenlace se espera un veredicto quizás en el primer trimestre de 2026), la resolución sobre la entrega de acciones y el avance de la figura legal denominada “alter ego”, con la posibilidad de que se requiera documentación interna de YPF y del Estado para evaluar su autonomía.
El Gobierno argentino insiste en agotar todas las instancias sin negociar directamente con Burford, mientras contempla los efectos que el juicio podría tener sobre la deuda externa, la percepción de riesgo país y la capacidad de financiarse en los mercados globales.
En resumen, esta semana comenzará una ronda crucial de presentaciones jurídicas, seguida por la audiencia en la Corte de Apelaciones. El resultado de ambas etapas –suspensión, confirmación o modificación de la entrega accionaria– será determinante para la estrategia legal y financiera de la Argentina en el juicio más oneroso que enfrenta en un tribunal estadounidense.
