Avanzan los planes de privatización de dos empresas clave del Estado y crecen las dudas sobre el impacto social
Mientras el Gobierno impulsa la transferencia mayoritaria de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al sector privado, también acelera la conversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en sociedad anónima. Las promesas de eficiencia e inversión se enfrentan con reclamos gremiales, temores por pérdida de empleo, y el recuerdo reciente de experiencias fallidas.
El Gobierno nacional avanza con fuerza en su estrategia de privatización de empresas públicas, y dos nombres se destacan en el radar: AySA y YCRT. Se trata de dos compañías estatales que operan en sectores sensibles —agua potable y energía— y que ahora forman parte del paquete de activos que se busca transferir, total o parcialmente, a manos privadas.
El jueves 18, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó en Casa Rosada que AySA será la primera en ser ofrecida al capital privado. Según detalló, se iniciará una licitación pública nacional e internacional para transferir el 90 % de su paquete accionario, con el objetivo de atraer un operador estratégico. El restante 10 % quedará en manos de los trabajadores mediante el régimen de propiedad participada. Además, se contempla una Oferta Pública Inicial (IPO) de acciones para permitir la entrada de pequeños inversores.
La justificación oficial se basa en tres argumentos: un supuesto deterioro de la infraestructura, la creciente morosidad en el pago de facturas (del 4 al 16 % entre 2019 y 2023), y el costo fiscal que representó la empresa desde su reestatización en 2006, con aportes por más de 13.400 millones de dólares hasta 2023.
Sin embargo, los últimos balances oficiales de AySA muestran un superávit operativo, reducción de personal y un nivel de inversión en obras que alcanzó los $65.390 millones en el primer trimestre de 2025. Estas cifras generan cuestionamientos desde sectores opositores y técnicos, que se preguntan: ¿por qué vender una empresa rentable en un sector esencial?
La privatización también contempla cambios en la regulación. Según trascendió, se permitirá cortar el suministro a usuarios morosos y se habilitarán subas de tarifas ajustadas por inflación, además de cobros adicionales para financiar nuevas obras.
En Santa Cruz, un gigante de carbón también busca inversores
Casi en simultáneo, el Gobierno avanza con la reconversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la empresa estatal que explota el yacimiento de carbón más austral del país y que también opera una central termoeléctrica y un ramal ferroviario.
Mediante el Decreto 115/2025, el Ejecutivo convirtió a YCRT en Carboeléctrica Río Turbio S.A., bajo un modelo de sociedad anónima con participación mayoritaria estatal (51 %) y el resto abierto a capital privado (39 %) y trabajadores (10 %).
Según cifras oficiales, solo en lo que va del año, el Tesoro Nacional destinó $45.000 millones para pagar salarios en YCRT. El Gobierno argumenta que la empresa es inviable sin inversión privada, aunque el sindicato minero advierte que la transición no puede realizarse sin garantizar la continuidad de los 2.100 puestos de trabajo y un marco claro para la participación accionaria de los trabajadores.
El caso de Río Turbio tiene un fuerte componente simbólico. No solo por su rol histórico como proveedor de energía para el sur del país, sino también por los escándalos que lo envolvieron en el pasado kirchnerista. La mina estuvo paralizada en varias ocasiones, acumuló denuncias por corrupción, y su central térmica nunca llegó a operar al 100 % de su capacidad.
En el terreno, la incertidumbre es palpable. Desde Río Turbio, los trabajadores organizados en Luz y Fuerza y ATE exigen participar en el diseño del nuevo estatuto y acceder a una representación efectiva en el directorio. Temen que, más allá del reparto de acciones, la decisión real quede en manos de futuros accionistas mayoritarios.
Un modelo, dos realidades
AySA y YCRT comparten el destino de ser parte del programa de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei, pero sus realidades operativas y financieras son distintas.
Mientras AySA tiene resultados positivos y una red con potencial de expansión en el área metropolitana, YCRT depende completamente del Estado y aún no logra poner en marcha todos sus activos. Pese a ello, ambas iniciativas avanzan con el mismo objetivo: reducir el peso del Estado en la economía y atraer inversiones privadas que, según el Gobierno, garantizarán eficiencia, transparencia y mejores servicios.
Desde el sindicalismo, las críticas apuntan a lo mismo: la falta de garantías laborales, los riesgos para usuarios en áreas sensibles como agua y energía, y la ausencia de instancias de participación social en los procesos.
En las próximas semanas, los dos proyectos serán analizados por la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y la Comisión Nacional de Valores. También deberá intervenir la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General. Se espera que, si no hay objeciones legales, las privatizaciones comiencen a ejecutarse antes de fin de año.
Trabajadores de YCRT protestan frente a la mina en Santa Cruz. Reclaman participación efectiva en la futura sociedad anónima y garantías laborales. En simultáneo, AySA entra en proceso de licitación para su privatización.
