El Presidente confirmó una reducción generalizada de derechos de exportación para granos y carnes. Afirmó que la medida es posible gracias al superávit fiscal y prometió que no habrá marcha atrás mientras esté en funciones. El agro celebró el gesto, pero persisten dudas sobre la sustentabilidad fiscal.
En un mensaje que combinó épica económica, identidad ideológica y gesto político, el presidente Javier Milei anunció ayer en la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo una reducción permanente de las retenciones al campo. La medida, que implica una baja generalizada de los derechos de exportación sobre varios productos agropecuarios clave, fue recibida con aplausos por los dirigentes del sector, pero también con interrogantes sobre su viabilidad fiscal y su alcance real en el mediano plazo.
Acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, el jefe de Estado tomó el estrado en el tradicional palco central del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y presentó lo que definió como “una decisión política irrestricta en favor del productor agropecuario argentino”. En su discurso, Milei enumeró los productos alcanzados por la rebaja: la carne vacuna y aviar bajará del 6,75 % al 5 %; la soja pasará del 33 % al 26 %, y sus subproductos —como el aceite y la harina— del 31 % al 24,5 %. A su vez, el maíz y el sorgo se reducirán del 12 % al 9,5 %, el girasol del 7,5 % al 5,5 %, y el trigo y la cebada mantendrán la alícuota del 9,5 % que vencía en marzo de 2026, ahora convertida en definitiva.
“La obsesión de este gobierno es eliminar impuestos distorsivos que destruyen la competitividad argentina. Y gracias al superávit fiscal, hoy podemos dar este paso sin poner en riesgo la estabilidad”, sostuvo el Presidente, en uno de los pasajes más celebrados por el auditorio. En su estilo característico, añadió: “Esto no es populismo: esto es devolverle al productor lo que es suyo, con responsabilidad y con convicción”.
La decisión llega en un momento de tensión creciente entre el Ejecutivo y el sector agroindustrial, que desde enero venía reclamando la continuidad o profundización de la reducción de retenciones decretada a comienzos de año. Esa baja, de carácter temporal, venció a fines de junio, lo que generó incertidumbre entre productores de soja, maíz, trigo y girasol. A su vez, varias provincias —como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos— habían expresado públicamente su rechazo a la reinstauración de las alícuotas plenas. El anuncio de Milei en la Rural, entonces, funciona no solo como un gesto económico, sino también como una señal política.
Desde el sector, la recepción fue positiva, aunque moderada. Nicolás Pino, presidente de la SRA, celebró el anuncio y lo consideró “un paso en la dirección correcta”, pero recordó que el reclamo histórico del campo sigue siendo la eliminación total de las retenciones. Por su parte, Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria Argentina, valoró la permanencia de la baja y pidió que se establezca un cronograma de desgravación progresiva. “No queremos volver a depender del humor político de turno”, advirtió.
Según estimaciones preliminares de la Bolsa de Comercio de Rosario, el alivio fiscal directo para el sector podría representar entre 800 y 1.000 millones de dólares anuales, aunque el impacto dependerá de los volúmenes exportados y de la cotización internacional de los commodities. El costo fiscal para el Estado, en cambio, sería inferior al 0,2 % del PBI. Voceros oficiales insistieron en que “la medida es sostenible mientras se mantenga el equilibrio fiscal”, aunque reconocieron que no se contemplan nuevas reducciones en lo inmediato.
No obstante, analistas y economistas plantearon algunas dudas sobre la proyección de la medida. Si bien el superávit financiero acumulado hasta junio permitió cierto margen de acción, el segundo semestre enfrenta desafíos relevantes: caída estacional en la liquidación de divisas, presión inflacionaria por descongelamiento de tarifas, y la necesidad de financiar programas sociales en un año de conflictividad creciente. En ese contexto, la permanencia de la baja de retenciones podría tensionar las cuentas públicas, sobre todo si se suma una eventual reducción en otros sectores.
En el Congreso, mientras tanto, los proyectos de ley para eliminar las retenciones siguen estancados. A pesar de que existen iniciativas presentadas por legisladores del oficialismo y de bloques aliados, ninguno logró avanzar en comisión. En parte, por falta de consensos políticos, y en parte, por las reservas técnicas del equipo económico, que considera prioritario preservar el margen fiscal hasta que el país logre retomar acceso pleno al crédito internacional.
Lo cierto es que el anuncio de Milei en La Rural tiene una potencia simbólica innegable. Se inscribe en una narrativa de reparación histórica hacia el campo, que el actual gobierno considera actor estratégico en la recuperación económica argentina. Y se apoya en una lectura ideológica: la baja de impuestos como motor de inversión, confianza y crecimiento.
En términos económicos, su impacto será progresivo, pero limitado. En términos políticos, representa un gesto que consolida la alianza del gobierno con uno de los sectores más influyentes del interior productivo. A la espera de definiciones más estructurales, el campo toma nota del mensaje y espera que, esta vez, el rumbo se mantenga.
