El gobernador dispuso llevar el haber mínimo de $380.000 a $700.000 mensuales y otorgar un bono bimestral para quienes cobran hasta $1.300.000. La medida se financia con fondos que la Nación empezó a transferir tras fallos judiciales.
Un anuncio con fuerte carga política
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció este domingo que la jubilación mínima provincial será revaluada en un 84,21 %, elevándose de $380.000 a $700.000 mensuales. Además, implementará un bono bimestral de $100.000 no contributivo para quienes perciban haberes de hasta $1.300.000 mensuales.
El anuncio se difundió a través de un mensaje en su cuenta de X, donde el gobernador afirmó que estas medidas se financiarán con recursos que la Nación comenzó a girar tras un acuerdo judicial ante la Corte Suprema. En ese marco, dijo: “Cumpliendo con la palabra que les di, esos recursos van a ir en parte a mejorar los ingresos de los jubilados cordobeses que menos ganan y más necesitan.”
Origen de los recursos: una deuda histórica
La provincia mantiene un reclamo judicial de larga data por una deuda previsional que la Nación acumuló desde 2019 con la Caja de Jubilaciones local, estimada en más de un billón de pesos. En mayo, tras una audiencia en la Corte Suprema, la ANSES acordó adelantar $60.000 millones pagaderos en 12 cuotas para 2025. Estos fondos son la base del aumento anunciado.
Llaryora aclaró que el refuerzo se mantendrá “mientras sigamos recibiendo esos fondos”, dejando en claro que la continuidad dependerá de los avances del litigio.
Alcance del apoyo previsional
Según datos de la Caja provincial, a junio de 2025 existían alrededor de 18.000 jubilados cuyos ingresos eran iguales o inferiores al tramo beneficiado: más de 2.600 cobraban menos del mínimo anterior ($380.000) y otros 2.055 se ubicaban entre $210.000 y $370.000. El universo total de prestaciones alcanza las 116.000.
Con el nuevo haber mínimo y el bono, Córdoba se consolida como una de las provincias con los salarios previsionales más altos del país, incluso por encima de varias jurisdicciones que dependen exclusivamente de fondos nacionales.
Marco político y contexto regional
El mandatario cordobés buscó diferenciar su gestión del Gobierno nacional sin mencionarlo directamente, en un contexto de tensión entre provincias y la administración de Milei por la distribución de recursos. Llaryora reforzó su perfil regional al destacar: “Ratifica nuestro compromiso de estar al lado de los que más necesitan, especialmente en este contexto tan difícil que vive nuestro país”.
El gobernador también resaltó la alianza con otros mandatarios regionales y legisladores que respaldaron las iniciativas previsionales y la emergencia en discapacidad, así como el reclamo por el fin de las retenciones agropecuarias.
Este tipo de políticas coincide con el enfoque histórico del cordobesismo, que combina defensa de la autonomía provincial, justicia social y pragmatismo fiscal y productivo.
Implicancias fiscales y riesgos
Aunque el aumento y bono representan un alivio para los jubilados de menores ingresos, dependen enteramente de fondos transferidos por la Nación. Si el cronograma de pagos se retrasa o la auditoría conjunta no avanza, la continuidad del beneficio podría verse comprometida.
Además, la provincia adeuda aún montos millonarios por años previos no compensados, lo que deja en evidencia la fragilidad de la solución actual, considerada parcial por la gestión provincial.
Desde ámbitos judiciales, fuentes señalan que si los avances no son satisfactorios, Córdoba evalúa volver a la vía cautelar para obligar a la ANSES a retomar los envíos regulares completos.
Con su anuncio, Martín Llaryora busca mostrarse como el gobernador defensor de los jubilados más vulnerables de la provincia y consolidar su liderazgo regional. La medida también refuerza el perfil institucional del cordobesismo como modelo de gestión territorial y negociación política con Buenos Aires.
Sin embargo, la continuidad del refuerzo previsional está atada a un proceso judicial complejo y a la voluntad política del Ejecutivo nacional. De no realizarse los pagos previstos, el alivio podría convertirse en una promesa incumplida justo cuando la economía y la política nacional quedan bajo presión.
