El Gobierno nacional oficializó este lunes el inicio del proceso de privatización total de Intercargo, la empresa estatal encargada de brindar servicios de rampa y traslado de equipajes en los principales aeropuertos del país.
A través de la Resolución 1067/2025, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía confirmó la venta del 100% del paquete accionario mediante una licitación pública nacional e internacional. La medida se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 198/2025 y la Ley 27.742, que declararon a Intercargo como “sujeta a privatización”.
La Secretaría de Transporte será la responsable de llevar adelante las gestiones administrativas y técnicas necesarias para concretar la operación. Como parte del proceso, se rescindirá por mutuo acuerdo el contrato de concesión vigente entre el Estado y la empresa, en cumplimiento con lo requerido para habilitar la transferencia accionaria.
A diferencia de otros procesos similares, esta privatización no contempla mecanismos de participación para trabajadores ni planes de propiedad participada. El paquete accionario se venderá en una única operación, sin fraccionamientos ni beneficios especiales para empleados o cooperativas.
La ejecución estará a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que tendrá un plazo de hasta ocho meses para completar la operación. La valuación oficial de la compañía será realizada por un banco del sector público, ante la imposibilidad del Tribunal de Tasaciones de la Nación de intervenir en tiempo y forma.
Desde el Gobierno aseguraron que la Subsecretaría de Transporte Aéreo supervisará el proceso para garantizar la continuidad y la calidad del servicio durante la transición. La conectividad aérea, tanto nacional como internacional, deberá mantenerse sin interrupciones, tal como establece el Decreto 198/2025.
El proceso licitatorio se realizará de forma digital a través de la plataforma CONTRAT.AR, conforme a lo dispuesto por el Decreto 416/2025. Las autoridades destacaron que todos los organismos intervinientes deberán asegurar la transparencia y el orden de la operación.
