La jueza Loretta Preska ordenó la entrega de mensajes privados de altos funcionarios argentinos para respaldar la tesis de que YPF y otras empresas públicas funcionan como “alter ego” del Estado, lo que abre la puerta a embargos de activos soberanos.
La Justicia de Nueva York volvió a golpear: este martes, la jueza del Distrito Sur Loretta Preska ordenó que el Estado argentino aporte correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de funcionarios como Luis Caputo y Sergio Massa, actuales y ex ministros de Economía, dentro del proceso judicial que busca determinar si YPF y otras empresas estatales actúan como “alter ego” de la República. La medida representa un nuevo capítulo del juicio que podría derivar en embargos millonarios sobre activos estratégicos del país .
Descubrimiento judicial sin precedentes
La orden forma parte del mecanismo legal conocido como “discovery” y alcanza a un grupo amplio de funcionarios, incluyendo a Caputo, Massa y otros como Santiago Caputo y José Ignacio de Mendiguren. El objetivo es revisar comunicaciones privadas en plataformas como WhatsApp o Gmail en busca de referencias clave como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas”.
Expertos como Sebastián Maril sostienen que esta medida podría propiciar nuevos embargos: si se prueba que YPF funciona como extensión operativa del Estado, se desbloquearía la posibilidad de ejecutar sobre activos soberanos pacíficamente inaccesibles.
Defensa argentina: apelación inmediata
La Procuración del Tesoro calificó la orden judicial como un “hostigamiento judicial” y una vulneración a la soberanía argentina. Afirmó que el país ya entregó más de 100.000 páginas de documentación oficial y financiera, y que esta solicitud excede los límites razonables del proceso judicial.
El Estado anunció que apelará ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. y, de ser necesario, elevará el reclamo a la Corte Suprema estadounidense. Se prevé una audiencia decisiva el 6 de agosto para definir los términos del discover y la posible extensión de la orden de entrega.
El contexto del juicio: ¿YPF y el Estado, una sola entidad?
El caso de fondo se inició tras la expropiación de YPF en 2012. Petersen Energía y Eton Park, accionistas minoritarios desplazados, demandaron a Argentina. En 2023, Preska condenó al país a pagar más de USD 16.000 millones (hoy superan los USD 17.500 millones con intereses). En junio pasado, ordenó que Argentina entregue el 51% de las acciones como forma de pago.
El nuevo requerimiento judicial aporta piezas clave al intento de validar la figura del “alter ego”, ampliando el posible embargable a entidades como Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Enarsa.
Implicancias políticas y jurídicas
Esta estrategia legal de Burford Capital, financiador del proceso, representa un uso intensivo del proceso judicial para presionar al Estado argentino. Maril advierte que buscan forzar una negociación política mediante herramientas legales extremas: “Hostigar a la República… arrojar arena en los engranajes de la reconstrucción económica”.
El Gobierno, por su parte, sostiene que no negociará y agotará todas las vías legales disponibles para defender la soberanía argentina .
¿Qué está en juego?
1. Activos estratégicos: las acciones de YPF podrían ser usadas para saldar parte de la condena.
2. Soberanía nacional: el pedido implica acceso a comunicaciones privadas sobre funciones públicas.
3. Precedente legal: si prospera la figura del “alter ego”, se abre la posibilidad de embargar otras empresas estatales.
Cómo sigue el proceso
Audiencia ordenada para el 6 de agosto para definir alcance del discovery judicial.
En paralelo, en octubre la Corte del Segundo Circuito evaluará si suspende o confirma el fallo que exige la entrega del 51% de YPF.
En caso de confirmación, Argentina deberá cumplir con la transferencia de acciones o enfrentar medidas cautelares contra otros bienes nacionales.
La orden de entrega de chats y mails de altos funcionarios no es solo un episodio técnico: reactiva el riesgo de pérdida del control de YPF y representa una escalada en el litigio que hincha la factura judicial argentina. El caso entra en una fase de máxima tensión: un eventual fallo favorable al pedido complicaría la estrategia nacional de defensa de activos y abriría una grieta profunda entre soberanía jurídica y presión foránea.
