La Administración mantiene activo el Fondo de Garantías Argentino para respaldar concesiones viales.
El Ejecutivo nacional anunció que preservará el Fondo de Garantías Argentino (Fogar) como aval para las empresas que logren concesionar tramos de rutas nacionales, un mecanismo bautizado como “seguro anti kuka” en referencia a la resistencia oficialista a los aumentos tarifarios del pasado. Aunque el país se comprometió ante el FMI a eliminar casi todos los fondos fiduciarios, el Gobierno considera estratégico sostener el Fogar frente al riesgo de congelamientos futuros en los peajes.
Martín Maccarone, secretario coordinador de Infraestructura, explicó que el respaldo durará los 20 años de contrato: si el Estado impide aumentos pactados, el Fogar devolverá a las concesionarias los préstamos por obras positivas. Este aval busca disipar la incertidumbre entre inversores y permitir el cobro del peaje una vez finalizada la obra.
Datos clave del plan
Se prevé licitar más de 9.000 km de rutas nacionales dividos en tres etapas: la primera, de 740 km (Ruta del Mercosur), con apertura de sobres el 8 de septiembre; luego la etapa II (4.500 km) y III (4.000 km).
No se exigirá experiencia técnica previa: podrán participar empresas que presenten un seguro de caución equivalente al 30 % del monto total de la obra. La adjudicación recaerá en quien ofrezca la tarifa más baja.
Debate político y económico
El Fogar es un fideicomiso originalmente destinado a financiar a pymes y emprendedores. Su inclusión en esta estrategia marca un giro respecto a los compromisos con el FMI de eliminar fondos de ese tipo. La excepción al plan de eliminación fue criticada por analistas que ven al mecanismo como contradictorio con los lineamientos de austeridad pactados.
Sectores opositores y algunos economistas alertan sobre los riesgos de legitimar un sistema que podría incrementar la carga tarifaria sobre los usuarios y abrir la puerta a empresas sin experiencia real en infraestructura. También advierten sobre posibles usos indebidos del Fogar más allá de lo vial.
Por otro lado, defensores del esquema argumentan que es una manera eficaz de atraer capital privado sin subsidios estatales directos, favoreciendo sectores como la minería, el agro y el transporte. También sostienen que esta apuesta por la infraestructura iniciada con el Fogar permitirá una expansión económica ordenada sin depender del financiamiento público tradicional.
Un cambio de paradigma
El nuevo plan revela una apuesta clara: reemplazar el modelo de subsidios y congelamientos por uno de financiamiento privado garantizado. En lugar de depender del Tesoro, el Estado ofrece respaldo financiero para que la iniciativa privada se haga cargo de grandes obras viales. El gran interrogante es si este formato permitirá la finalización de las obras sin generar sobrecostos o conflictos políticos y tarifarios.
