Con respaldo de gobernadores, diputados busca aprobar leyes clave sobre universidades, salud y fondos para las provincias. La sesión del 6 de agosto expone fisuras en el oficialismo y anticipa una nueva etapa de tensión legislativa.
En una maniobra cuidadosamente coordinada, la oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el miércoles 6 de agosto, en la que buscará avanzar con una batería de proyectos que incomodan al oficialismo y que cuentan con el aval explícito de varios gobernadores. La jugada, que expone los límites del control político que ejerce Javier Milei sobre el Congreso, tiene como ejes el financiamiento universitario, la emergencia sanitaria pediátrica y la distribución de recursos federales.
El temario fue consensuado por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y bloques provinciales, que lograron articular una agenda común tras semanas de negociación. Pero el factor determinante fue el guiño de mandatarios como Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quienes presionan por mayor previsibilidad fiscal en medio del ajuste nacional.
Uno de los puntos centrales será el tratamiento del proyecto del Consejo Interuniversitario Nacional, que propone actualizar por inflación las partidas para funcionamiento, reabrir paritarias docentes y fortalecer el sistema de becas. La propuesta ya cuenta con dictamen y podría ser aprobada por mayoría simple. Otro proyecto apunta a declarar la emergencia pediátrica nacional, en respuesta a la crisis en hospitales como el Garrahan.
Pero los temas más sensibles para la Casa Rosada aún no fueron dictaminados. Se trata de dos iniciativas con media sanción del Senado: una que establece criterios automáticos para distribuir Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y otra que coparticipa el impuesto a los combustibles. Ambos textos podrían significar una fuerte pérdida de discrecionalidad para el Poder Ejecutivo. La oposición pedirá que las comisiones presididas por el oficialismo los traten antes del 20 de agosto, y no descarta un nuevo llamado a sesión para sancionarlos si logran obtener dictamen.
En paralelo, se discutirá una modificación al reglamento de la Cámara para destrabar la comisión investigadora del escándalo $LIBRA, que salpica al entorno presidencial. La propuesta busca evitar bloqueos por empates, dado que el oficialismo considera que ya expiró el plazo legal para constituirla. También se presentarán rechazos a varios decretos de necesidad y urgencia firmados por Milei durante el uso de facultades delegadas ya vencidas. Algunos de esos decretos fueron suspendidos por la Justicia, pero la oposición busca ahora invalidarlos por vía legislativa.
Para sesionar, los impulsores necesitan reunir al menos 129 diputados presentes en el recinto. Los proyectos con dictamen requieren mayoría simple para ser aprobados, pero aquellos que no pasaron por comisión deberán contar con dos tercios de los votos para ser tratados sobre tablas. Por eso, las negociaciones con bloques como la UCR, el Frente de Izquierda y otros espacios federales serán decisivas.
El oficialismo, por su parte, intenta blindarse. En las últimas semanas sumó a su bancada a seis diputados radicales, conocidos como los “radicales con peluca”, con el objetivo de evitar derrotas legislativas. Aun así, la posibilidad de que el peronismo y los gobernadores provinciales logren quórum por fuera del control de La Libertad Avanza evidencia una fragilidad estructural que comienza a hacerse visible.
La sesión del miércoles será, en ese sentido, una prueba de fuego. No sólo pondrá en juego el destino de leyes clave, sino que delineará los márgenes de poder del gobierno de Milei frente a un Congreso que, hasta ahora, se había mostrado contenido pero que ahora comienza a desplegar su músculo político. A tres meses de las elecciones legislativas, el clima en la Cámara Baja promete ser el preludio de una temporada marcada por el conflicto.
