Informes secretos del organismo ponen bajo vigilancia a dirigentes sociales críticos al Gobierno, mientras quedan excluidos aliados como PRO y La Libertad Avanza; denuncian espionaje interno masivo y discrecionalidad presupuestaria.
Una investigación del periodista Hugo Alconada Mon para La Nación reveló el 3 de agosto que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), reinstalada por decreto en julio de 2025, produce reportes internos sobre actividades políticas de la oposición, sindicatos y agrupaciones de jubilados críticos al Ejecutivo.
Dos de esos informes confidenciales destacan que, mientras se monitorean partidos y organizaciones disidentes, se omiten expresamente a agrupaciones alineadas con el Gobierno como La Libertad Avanza y el PRO. La SIDE justifica estas tareas por el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), que incluye dentro de sus objetivos la vigilancia de actores capaces de “erosionar la confianza” en funcionarios o “manipular la opinión pública” durante períodos electorales.
Fuentes parlamentarias y opositoras señalaron que el titular del organismo, Sergio Neiffert, fue denunciado por malversación de fondos y espionaje político interno, y se encuentra bajo evaluación de la Comisión Bicameral de Fiscalización del Congreso, presidida por Martín Lousteau . La oposición lo acusa de operar con estructura ambigua, sin doctrina clara, y destinar fondos reservados por unos $8.000 millones pesos sin control externo.
Allegados a la SIDE afirman que la agencia no persigue opositores ni periodistas, como sostuvo un comunicado oficial que calificó de falsas las versiones sobre uso político de inteligencia. No obstante, el organismo recibió en 2025 un presupuesto total de $80.872 millones, con $13.436 millones destinados a “gastos reservados”.
CONTEXTO Y ANTECEDENTES
La SIDE fue relanzada en julio de 2025 mediante un decreto presidencial, con facultades ampliadas y discrecionalidad operativa .
El Plan de Inteligencia Nacional, de más de 170 páginas filtradas a La Nación, enumera como blancos a “periodistas, economistas y ciudadanos que cuestionen al gobierno” por supuesta “manipulación de opinión pública”.
El presupuesto de inteligencia fue actualizado múltiples veces por decreto, asignándole un incremento significativo de fondos oficiales sin pasar por Congreso.
La SIDE amplió su rol más allá de la seguridad externa y contrainteligencia para cumplir funciones de vigilancia política interna. La exclusión deliberada de aliados del Gobierno de los informes y una doctrina ambigua en el PIN generan sospechas fundadas sobre un espionaje selectivo. La falta de supervisión legislativa y el uso de fondos reservados para tareas no transparentes suman un alto grado de discrecionalidad institucional.
El espionaje interno que ahora despliega la SIDE representa una amenaza potencial a garantías constitucionales básicas como la libertad de expresión, asociación y el pluralismo político. En vísperas de las elecciones legislativas de octubre, esta operatoria podría actuar como herramienta de intimidación indirecta contra sectores críticos al Gobierno. La fiscalización parlamentaria y demandas de transparencia se vuelven clave para frenar una deriva autoritaria encubierta.
