La provincia de Santa Cruz vuelve a quedar en el centro de la indignación ciudadana por la alarmante lentitud del sistema judicial, que en muchos casos se traduce en impunidad. El trágico caso de Silvana Pucheta, atropellada y abandonada en Puerto Deseado, refleja con crudeza el nivel de desprotección que sufren las víctimas y sus familias cuando la justicia no actúa con la celeridad ni el compromiso que la sociedad espera.
Silvana fue embestida junto a Diego Kuhnle, quien aún se recupera de las heridas, por un conductor que huyó del lugar sin prestar auxilio. A pesar de la conmoción que generó el hecho en toda la comunidad y el claro pedido de justicia y respuestas, hasta el momento no hay avances significativos ni responsables detenidos. La investigación parece haberse diluido en una inercia burocrática inadmisible frente al dolor de una familia destrozada.
Este caso no es un hecho aislado. Es parte de una larga lista de causas sin resolver, procesos que se eternizan y víctimas que deben soportar no solo la pérdida o el daño sufrido, sino también el abandono institucional.
La falta de justicia oportuna, la demora en las pericias, la ausencia de información oficial, y el escaso compromiso de algunos actores judiciales, ponen en evidencia una verdad dolorosa: en Santa Cruz, la justicia muchas veces llega tarde… o no llega.
Mientras tanto, en Puerto Deseado y en cada rincón de la provincia, crece el hartazgo. La ciudadanía no pide milagros, exige respuestas concretas. Exige que los responsables enfrenten las consecuencias.
