La creación del distrito de Santa Rosa por Lima desata una nueva disputa fronteriza y el presidente Petro traslada la celebración del 7 de agosto a Leticia
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado públicamente que el Estado peruano se ha “apropiado” de territorio colombiano tras la aprobación en Lima de una ley que convierte la isla de Santa Rosa en un distrito dentro del departamento de Loreto. Según Petro, esa medida viola el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, que delimita la frontera entre ambos países a lo largo de los canales de mayor profundidad del río Amazonas, y pone en riesgo el acceso fluvial de Leticia, ciudad colombiana estratégica para el comercio amazónico.
En un mensaje difundido en X, Petro sostuvo que Perú actuó “unilateralmente” al “copar un territorio que es de Colombia”, y anunció que su gobierno apelará antes que nada a la vía diplomática en defensa de la soberanía nacional. Además, trasladó las conmemoraciones del 7 de agosto a Leticia, resaltando así la significación estratégica y simbólica de ese territorio amazónico.
Origen de la controversia: Santa Rosa y los tratados fronterizos
La isla de Santa Rosa, frente a Leticia, se formó por procesos naturales después de la firma de tratados colombo-peruanos de 1922 y 1929. Según Colombia, estos acuerdos no contemplaron estas formaciones posteriores; por lo tanto, esas islas deben asignarse mediante la Comisión Mixta Permanente (COMPERIF) entre ambos países. Petra considera que la ley peruana que formaliza el nuevo distrito vulnera ese principio .
Perú, en cambio, defiende que la isla de Santa Rosa forma parte de su territorio desde hace décadas, bajo los tratados de 1922 y 1934, y que su incorporación administrativa responde al fortalecimiento institucional y mejora de servicios en una zona poblada por casi 3.000 personas.
Reacciones del lado peruano
La Cancillería de Perú rechazó con firmeza las declaraciones colombianas y reafirmó que la soberanía sobre Santa Rosa está establecida y legitimada por los tratados mencionados, vigentes desde hace más de un siglo. El gobierno peruano calificó los señalamientos de Petro como provocadores y respondió mediante una nota de protesta formal.
Autoridades y expertos del país consideran que la creación del distrito no implica anexión, sino una medida administrativa legítima para atender necesidades de infraestructura, salud y educación de la población local.
Un conflicto que revive viejas heridas
El incidente reaviva antiguas disputas como el llamado conflicto de Leticia (1932–1933), que concluyó con el Protocolo de Río de Janeiro y el Tratado Salomón‑Lozano de 1922. Desde entonces, ambos países han pactado que los nuevos territorios emergentes en el río deben resolverse mediante diálogo y acuerdos bilaterales .
Aunque la situación ha sido abordada anteriormente —por ejemplo, con incidentes diplomáticos en 2024 y reclamos por parte de funcionarios colombianos sobre ocupaciones “irregulares”— la escalada actual marca posiblemente un punto de inflexión, dado el involucramiento directo del máximo mandatario colombiano.
Panorama actual y desafíos diplomáticos
Colombia reclama una reactivación de la COMPERIF para definir la situación jurídica de islas emergentes como Santa Rosa.
Perú defiende su actuación administrativa bajo reglas y precedentes históricos, rechazando cualquier pretensión de violación soberana.
La tensión se enmarca en un contexto de relaciones tensas desde la destitución de Pedro Castillo en Perú y la respuesta de Petro calificándola como “golpe de Estado”.
Factor Interpretación en disputa
Legitimidad legal Colombia exige diálogo bilateral; Perú sostiene su derecho por tratados históricos
Base geográfica Isla surgió tras 1929; Colombia cree no fue asignada oficialmente Acción política Petro usa acto simbólico: trasladó celebración patria a Leticia Diplomacia futura Riesgo de escalada si no se retoma el canal COMPERIF.
La disputa anuncia un nuevo escenario de tensión diplomática entre ambos países, donde abundan antecedentes históricos, implicaciones geoestratégicas y posibles efectos sobre cooperación regional. En un entorno ya marcado por la desconfianza mutua, la clave estará en la capacidad de reactivar mecanismos de diálogo en un marco de legalidad compartida.
