En cadena nacional, el Presidente acusó a la oposición de impulsar un “genocidio fiscal” y anunció sanciones penales a quienes aprueben presupuestos con déficit; los gobernadores advierten por atrasos en transferencias previsionales y de obras
En su séptima cadena nacional, el presidente Javier Milei volvió a marcar el rumbo de su política económica: déficit cero como principio irrenunciable. Lo hizo con un discurso en el que acusó a la oposición de “querer provocar un genocidio contra las generaciones futuras” a través de leyes que aumentan el gasto sin financiamiento, y anunció dos medidas clave: prohibir que el Tesoro recurra al Banco Central para cubrir el gasto y enviar al Congreso un proyecto para aplicar sanciones penales a legisladores y funcionarios que aprueben presupuestos en rojo.
El anuncio llega en un contexto de creciente fricción entre la Casa Rosada y las provincias por deudas que, según estimaciones de distintas administraciones, alcanzan cifras millonarias. Se trata de atrasos en transferencias previsionales, financiamiento de obras públicas y programas nacionales que forman parte de compromisos asumidos por la Nación en años anteriores.
Un conflicto de fondo: federalismo y cuentas públicas
Los reclamos de los gobiernos provinciales no son nuevos, pero se han intensificado desde 2024. Incluyen pagos pendientes para cubrir déficits de cajas jubilatorias no transferidas a la ANSES, recursos para infraestructura comprometida en convenios de obra, y giros asociados a programas sociales, educativos y sanitarios.
Según fuentes provinciales, en muchos casos no se trata de fondos extraordinarios sino de partidas previstas por ley o por acuerdos bilaterales, cuyo retraso complica la planificación financiera local. Gobernadores de distinto signo político coinciden en que el incumplimiento de estas transferencias no debería confundirse con un recorte de gasto corriente, ya que se vinculan a obligaciones preexistentes.
El discurso presidencial
En su mensaje, Milei sostuvo que el paquete de leyes impulsado en el Congreso que eleva jubilaciones, pensiones y salarios docentes implicaría un gasto adicional equivalente al 2,5% del PBI, lo que consideró “incompatible” con la estabilidad fiscal. “No están proponiendo otra cosa que más impuestos, más deuda o más inflación”, afirmó, calificando esas medidas como un “genocidio contra jóvenes, hijos y nietos”.
El Presidente planteó que su objetivo es blindar la disciplina fiscal y evitar que cualquier gobierno futuro vuelva a financiar el gasto con emisión monetaria. La iniciativa “anti-déficit” prevé que todo aumento de erogaciones o baja de ingresos se compense con un recorte equivalente, y que el incumplimiento tenga consecuencias judiciales.
Un año electoral con tensión creciente
La pulseada por los fondos pendientes y la reforma de las reglas fiscales se da en un año electoral, con los gobernadores defendiendo recursos clave para mantener sus compromisos y la Nación priorizando el equilibrio presupuestario como ancla de su programa económico.
El desafío inmediato para el oficialismo será sostener su estrategia sin agravar el clima político con las provincias, mientras que para los mandatarios locales el objetivo es evitar que la regularización de los pagos quede sujeta a negociaciones coyunturales o a la puja legislativa.
En medio de esta disputa, el país enfrenta un debate central sobre hasta dónde llega la autonomía financiera de las provincias y cómo se distribuyen las responsabilidades fiscales entre la Nación y los gobiernos locales.
