En una nueva escalada de tensión con el sector educativo, el presidente Javier Milei reafirmó durante su cadena nacional: “No voy a aumentarle a los docentes”. La frase refuerza una política de ajuste que el Gobierno presenta como necesaria para “ordenar las cuentas públicas” y “eliminar privilegios corporativos”. Pero en las provincias y en las aulas, la realidad es otra: salarios que no alcanzan, fondos recortados y un Estado nacional que se escuda en el incumplimiento de fallos judiciales.
En julio de 2025, la justicia laboral —Sala IV de la Cámara de Apelaciones del Trabajo— ordenó al Gobierno convocar a la Paritaria Nacional Docente, suspendiendo el decreto 341 que lo excluía de la negociación salarial docente. El fallo obliga a restablecer esa instancia fundamental para fijar un piso salarial equitativo en todo el país. Sin embargo, el Gobierno aún no acató esa orden judicial y no convocó a paritarias, profundizando el conflicto con los sindicatos.
Desde mayo, el Poder Ejecutivo dejó formalmente de intervenir en la paritaria docente nacional. Ahora, las negociaciones recaen exclusivamente en el Consejo Federal de Educación, los gobernadores y los gremios, sin participación del Estado Nacional. Esta decisión se complementa con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba en promedio un 20 % adicional sobre el salario.
El FONID, conquista de la histórica Carpa Blanca de 1998, fue un aporte clave para compensar desigualdades salariales entre provincias. Su supresión equivale, según datos gremiales, a un recorte anual de más de 270 mil millones de pesos y deja a muchos docentes por debajo de la línea de pobreza.
Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, expresó que “sin salario digno no hay posibilidad de garantizar calidad educativa” y calificó al retiro del Estado de la paritaria como un intento de “dinamitar la educación pública”.
La respuesta docente fue inmediata: paros, movilizaciones y clases públicas se multiplicaron en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Los gobernadores reclamaron que la Nación recupere el financiamiento educativo y deje de descargar el costo del ajuste en las jurisdicciones.
En el Congreso, la oposición logró aprobar un proyecto para actualizar el presupuesto universitario según la inflación acumulada, desafiando un veto presidencial. Fue un gesto legislativo de resistencia frente al recorte educativo y fiscal.
Con esta postura, Milei refuerza un mensaje de disciplina fiscal que agrada a ciertos sectores, pero que ignora las angustias de miles de docentes y las necesidades de millones de estudiantes. La educación pública está lejos de ser prioritaria en su agenda.
