La condenada Ana Pietra —inscripta como Raúl al momento del crimen cometido en La Boca— pidió ser alojada en el Complejo IV de Ezeiza, donde existe pabellón trans. El Tribunal Oral N.º 5 y la Cámara Federal de Salta (Sala II) desestimaron el habeas corpus: ponderaron antecedentes de amenazas a su ex pareja y coautora, Ailén Ferreiro, alojada allí. Su situación expone choques entre normativa de identidad de género, protocolos penitenciarios y recientes cambios regulatorios.
Ana Pietra cumple prisión perpetua por el homicidio doblemente calificado de un hombre en el barrio de La Boca, ocurrido en enero de 2023. Detenida hoy en el Complejo Penitenciario Federal NOA III (Salta), solicitó su traslado al Complejo IV de Mujeres de Ezeiza —que cuenta con dispositivo específico para población trans—. El pedido fue rechazado por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 y, en revisión, por la Sala II de la Cámara Federal de Salta, que consideró que no hubo agravamiento ilegítimo de sus condiciones de detención y ponderó riesgos de convivencia, particularmente por amenazas dirigidas a su ex pareja y coautora, Ailén Ferreiro, alojada en ese establecimiento.
Según la resolución reseñada en el expediente de la Cámara salteña, la administración penitenciaria mantuvo a Pietra en un sector específico del CPF NOA III, mientras evalúa alternativas de alojamiento compatibles con su identidad y con su perfil criminológico. La Cámara entendió que el caso está siendo “contemplado por las autoridades correspondientes” y que no correspondía habilitar la vía excepcional de habeas corpus para ordenar un traslado inmediato.
El debate se desarrolla, además, bajo el nuevo marco del Decreto 61/2025 (6 de febrero), que instruye a las administraciones penitenciarias a definir alojamiento y traslados “en función del sexo que la persona registraba al momento del hecho”, con especial restricción cuando hubo violencia contra una mujer. En este caso, los jueces no aplicaron el decreto con efecto retroactivo, por tratarse de un hecho previo.
Más allá del expediente, la situación vuelve a exhibir una zona gris operativa: el CPF NOA III no contaba, al menos hasta 2024, con espacios específicos para población travesti y trans, según un relevamiento de la Procuración Penitenciaria (PROCUVIN). El informe describe criterios de alojamiento dispares y la necesidad de protocolos claros para garantizar integridad y no discriminación, algo que el propio Servicio Penitenciario Federal invocó al justificar la ubicación actual de la interna.
En paralelo, medios nacionales y seccionales comenzaron a reseñar el caso con foco en la secuencia judicial: condena a perpetua en diciembre de 2024, cambio registral antes del debate oral y pedidos de traslado reiterados durante 2025. La crónica de Infobae aporta el detalle de la negativa del TOC N.º 5 por la coexistencia en Ezeiza con Ferreiro; Diario Judicial consignó el rechazo de la Cámara y la ausencia de protocolo específico en el penal del NOA.
Lo que sigue
La defensa de Pietra puede insistir por las vías ordinarias de ejecución de pena y requerir un cupo en dispositivos especializados (por ejemplo, el pabellón trans de Ezeiza), siempre que no conflijan con medidas de protección frente a terceros. En cualquier escenario, el caso obliga a compatibilizar tres planos: identidad de género, seguridad intramuros y derechos de terceros, en un sistema que aún ajusta sus reglas de alojamiento tras el DNU de febrero.
