Vence el plazo por el decomiso en la causa Vialidad. Su defensa pidió suspender la ejecución de bienes y cuestionó el cálculo del monto exigido por la Justicia.
Mañana, miércoles 13 de agosto, se cumple el plazo que el Tribunal Oral Federal 2 otorgó a Cristina Fernández de Kirchner y a otros condenados por la causa Vialidad para depositar 684.990 millones de pesos —unos 537 millones de dólares— en concepto de reparación al Estado. La cifra, actualizada por peritos de la Corte Suprema a partir de una estimación de 85.000 millones en 2022, fue calculada usando el índice de precios al consumidor del INDEC. Para la defensa, esta metodología es errónea y vulnera garantías procesales.
En un escrito presentado por su abogado Carlos Beraldi, la expresidenta pidió suspender la ejecución de sus bienes y anular la decisión judicial. Argumentó que el monto fue tomado como definitivo sin debate previo, lo que —sostiene— viola el derecho de defensa y el principio de juez natural. El planteo propone aplicar tasas bancarias o la tasa pasiva del Banco Central, lo que reduciría drásticamente la suma reclamada. Un informe pericial alternativo calculó que, con ese método, el total caería a poco más de 42.000 millones de pesos, apenas el 6% del monto fijado por el tribunal.
De no concretarse el depósito mañana, la Justicia podría iniciar el remate de los bienes embargados a Kirchner y a los demás condenados. Entre ellos figuran propiedades en Buenos Aires y Santa Cruz, hoteles en El Calafate, cuentas bancarias, acciones y un vehículo. Aunque en 2016 la entonces mandataria donó gran parte de su patrimonio a sus hijos, esos activos permanecen embargados y podrían ser decomisados. Según fuentes judiciales citadas por Clarín e Infobae, el tribunal ya cuenta con un inventario detallado y listo para ejecución.
La causa Vialidad, que investigó adjudicaciones irregulares de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, terminó en junio con la confirmación por la Corte Suprema de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo desató un fuerte debate político y jurídico: el oficialismo denuncia un caso de lawfare y prepara presentaciones en organismos internacionales; la oposición sostiene que se trata de un acto de justicia largamente demorado.
El desenlace de mañana será decisivo. Si el dinero no se deposita, el proceso de ejecución patrimonial quedará en marcha y marcará un hito en la relación entre la exmandataria y el Poder Judicial. La disputa no solo involucra cifras millonarias: también expone, en pleno año electoral, la tensión entre política y justicia en la Argentina.
