Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, niega que su producto sea responsable de las decenas de muertes y apunta a su ex socio Andrés Quinteros como posible autor de un sabotaje intencional.
En medio de una crisis sanitaria que ya suma decenas de víctimas, Ariel García Furfaro, responsable de los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, rompió el silencio y descargó su acusación sobre su ex socio, el dirigente kirchnerista Andrés Quinteros. “Si las ampollas están contaminadas, alguien puso las bacterias”, sostuvo en una entrevista.
El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, vincula ya el fentanilo contaminado con la muerte de al menos 76 personas, mientras se investigan más de 300.000 ampollas, de las cuales unas 45.000 habrían sido aplicadas a pacientes antes de ser retiradas del mercado . En paralelo, se estima que más de 33.731 de esas dosis fueron administradas a personas internadas con otras patologías.
García Furfaro se presenta como dispuesto a colaborar: “Me pongo a disposición… voy mañana mismo a declarar”, declaró, en alusión a la comisión investigadora que la oposición busca instalar en el Congreso . Sin embargo, el bloque kirchnerista ha bloqueado hasta ahora su formación.
El empresario postuló una hipótesis de sabotaje deliberado, instando a investigar a Quinteros, quien fuera CEO del grupo y diputado provincial: “Alguna vez le tuve confianza… hasta que supe que intentó sustraer 30 ampollas de morfina… ahí se terminó nuestra relación”, precisó García Furfaro.
El juez Kreplak ya dispuso medidas contra 24 personas sospechadas, incluyendo inhibición de bienes y prohibición de salida del país. Se busca determinar responsabilidades penales en toda la cadena —desde la producción hasta la comercialización— de este lote contaminado.
La crisis se agrava ante la ausencia de un sistema nacional efectivo de trazabilidad de medicamentos, lo que dificulta estimar el impacto real del escándalo más allá de los casos confirmados . La ANMAT, por su parte, ya había suspendido la habilitación de los laboratorios desde el pasado mayo, tras recibir la denuncia del Hospital Italiano de La Plata sobre una cepa de Klebsiella pneumoniae en el lote 31202.
Esta tragedia sanitaria involucra un fármaco de uso clínico, distribuido en hospitales públicos y privados, que causó un brote letal en pacientes internados por otras enfermedades, incluidos bebés.
El silencio inicial alrededor del caso y la respuesta política —que incluyó el freno a la comisión parlamentaria— han tenido un fuerte impacto en la opinión pública sobre la transparencia en las instituciones.
Además de las implicancias sanitarias y judiciales, el caso trasciende en la arena política: la figura de García Furfaro está en el centro de denuncias por presuntas vinculaciones políticas, mientras él se deslinda afirmando que sus negocios alcanzan a todos los partidos.
