La condena a 12 años de prisión contra el exfuncionario municipal Erick Gabriel Ríos Burela por abuso sexual con acceso carnal contra una menor destapó un silencio prolongado que incomoda: durante más de seis años, organizaciones feministas ligadas al kirchnerismo en Santa Cruz evitaron pronunciarse, a pesar de que el caso ya había salido a la luz en 2019.
Un caso que no era nuevo
La denuncia contra Ríos Burela se conoció públicamente en medios provinciales hace más de media década, cuando fue señalado por conductas indebidas como profesor de danza. No obstante, lejos de provocar una reacción colectiva, la noticia fue rápidamente silenciada.
Años de omisión y vínculos políticos
El prolongado mutismo no fue casual. Ríos Burela mantenía lazos familiares y políticos con funcionarias de alto rango de la gestión municipal de Fernando Cotillo, lo que habría facilitado su permanencia en el cargo incluso con la causa abierta.
Este entramado político y personal habría influido para que el caso no fuera incluido en las agendas de lucha de los colectivos feministas afines al oficialismo local.
La doble vara que erosiona la credibilidad
Mientras que en otros casos incluso de menor repercusión se realizaron marchas, actos y pronunciamientos públicos, se suspendió en la época de Cotillo un concejal por una denuncia de violencia género que después se comprobó que no fue real, en este caso reinó el silencio durante años. Para los sectores críticos, esta conducta refleja una doble moral; se exige justicia de manera selectiva, dependiendo del color político del acusado.
Este tipo de actitudes debilita la causa contra la violencia de género y deja en claro que, para algunos, las convicciones tienen límites cuando se cruzan con las conveniencias partidarias, no olvidemos por ejemplo que la ex concejal, en ese momento oficialista, Paola Alvarez, era una ferviente defensora del colectivo feminista y nada dijo de este caso, un claro y triste ejemplo de quienes son militantes pero de la conveniencia política.
