El Gobierno nacional presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa alternativa para redistribuir lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), con el objetivo de quebrar la unidad del bloque de 24 gobernadores que había conseguido media sanción en el Senado. La propuesta oficial reduce la participación provincial del 57 % al 40 % y eleva la del Tesoro Nacional del 14,3 % al 32 %, manteniendo en 28 % el porcentaje destinado al Sistema Único de Seguridad. El movimiento, encabezado por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se presentó minutos antes de que un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Energía emitiera un dictamen mayoritario a favor del proyecto impulsado por los mandatarios provinciales.
En la propuesta original aprobada por la Cámara alta, las provincias recibirían 57,02 % de lo recaudado, el Tesoro Nacional un 14,29 % y el Sistema Único de Seguridad un 28,69 %. Con el nuevo esquema, el Gobierno busca aumentar la caja nacional y, según declaraciones de la diputada Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), “eliminar fondos fiduciarios opacos y promover una recaudación transparente y previsible”, cuestionando que la iniciativa de los gobernadores “solo garantizaba dinero fácil para las provincias”. La jugada oficialista contó con respaldo de legisladores de La Libertad Avanza y del PRO, y logró sumar a algunos gobernadores alineados, como Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan), quienes firmaron el dictamen minoritario. Otros mandatarios, en cambio, advirtieron que evaluarán la propuesta con cautela, aunque reconocen que podría ser preferible “llevarse algo antes que nada” si el presidente opta por vetar la ley.
El bloque opositor conocido como Provincias Unidas, que reúne a mandatarios como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), comenzó a mostrar fisuras. La unidad lograda en el Senado parecía firme, pero la presión oficial y el contexto económico —marcado por alta inflación, caída de la recaudación y freno en las obras públicas— puso en tensión las posiciones. Para las provincias, el reparto del ICL es clave para sostener sus finanzas y garantizar recursos en un año electoral y de crisis fiscal. La definición quedará en manos de las negociaciones que se desarrollen en las próximas semanas, con el riesgo latente de que un eventual veto presidencial obligue a reabrir la discusión desde cero.
