El Ejecutivo nacional anuncia que no reasignará fondos adicionales al área de discapacidad hasta avanzar en la suspensión de pensiones consideradas irregulares. Desde marzo se llevan suspendidas más de 110.000 prestaciones, mientras numerosas organizaciones denuncian un desfinanciamiento sistemático.
El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mantiene desde marzo de 2025 una auditoría sobre las 1.013.400 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Según datos oficiales, se han suspendido 110.522 pensiones, mientras que 8.107 fueron dadas de baja por fallecimiento y 10.038 por renuncia voluntaria.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida señalando que se busca frenar un desvío de fondos estimado en USD 1.000 millones anuales, supuestamente heredado de la gestión kirchnerista. El Ejecutivo advirtió que no habrá nuevas partidas hasta que las suspensiones generen el ahorro necesario para financiar la actualización de prestaciones, cuya nomenclatura está desactualizada en un 70 %.
En junio, el Senado aprobó un proyecto que declaraba la emergencia en discapacidad hasta 2027, contemplando regularización de pagos, actualización de aranceles, fortalecimiento institucional y transparencia. El presidente Javier Milei vetó la ley el 4 de agosto, calificándola de “regresiva y asistencialista” por su impacto fiscal.
Organismos independientes advierten que el presupuesto 2025 de ANDIS representa una caída nominal del 25 %, equivalente a un recorte real del 44 % frente a 2024 y del 52 % respecto a 2023, lo que podría implicar la baja de más de 200.000 pensiones. Además, alertan que hasta 180 hogares para personas con discapacidad, que alojan a unas 9.000 personas, están en riesgo de cierre por falta de financiamiento.
La polémica se amplió con la Resolución 187/2025, que reincorpora en la normativa términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar discapacidades intelectuales, lo que generó rechazo de organizaciones de derechos humanos. El exministro Daniel Arroyo sostuvo que el gasto en prestaciones equivale al 0,003 % del PBI y consideró que el ajuste responde a una decisión ideológica más que económica.
El 4 de junio, miles de personas se movilizaron frente al Congreso junto a jubilados, docentes, científicos y colectivos feministas para exigir el veto de la ley de emergencia, denunciar recortes y reclamar la protección de derechos adquiridos.
Mientras el Gobierno defiende el ajuste como una medida de saneamiento y eficiencia, organizaciones sociales y especialistas advierten que se trata de un desmantelamiento encubierto del sistema de protección de las personas con discapacidad. El futuro de las prestaciones, en este contexto, permanece incierto.
