Tras el vencimiento del plazo para pagar el decomiso por más de 684 mil millones de pesos, la Justicia quedó habilitada para ejecutar y subastar los bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros ocho condenados. La disputa política y jurídica por el control de los activos recuperados reaviva tensiones institucionales y marca un hito en la historia política argentina.
El proceso judicial conocido como Causa Vialidad, que durante casi una década ocupó un lugar central en la agenda política y mediática de la Argentina, ha ingresado en una fase inédita: la ejecución y eventual remate de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados por defraudación al Estado. El miércoles 13 de agosto de 2025 venció el plazo de diez días hábiles que el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF2) había concedido a los nueve condenados para presentar el pago o garantías suficientes que cubrieran el monumental decomiso fijado en 684.990 millones de pesos, equivalentes a unos 537 millones de dólares. Ninguno de los implicados, entre ellos la expresidenta y exvicepresidenta de la Nación, cumplió con esa obligación, lo que habilita a la Justicia a proceder con el remate de sus patrimonios.
El único movimiento en ese lapso provino de la defensa de Cristina Kirchner. Encabezada por su abogado Alberto Beraldi, solicitó la suspensión del decomiso, cuestionó la metodología de cálculo del monto y pidió que la causa se trasladara al fuero civil y comercial federal. El planteo fue rechazado por el tribunal, que sostuvo la validez del procedimiento. Aun así, dejó habilitada la vía recursiva para que la Cámara de Casación Penal revise la cifra definitiva. La puja por los números no es menor: mientras que el informe pericial del Cuerpo de Tasadores de la Corte Suprema, tomando como base el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, actualizó la cifra a casi 685 mil millones de pesos, la defensa propuso un cálculo alternativo que reducía la deuda a unos 42 mil millones, aplicando la tasa pasiva promedio del Banco Central.
El contraste entre ambas estimaciones grafica no solo la magnitud del caso, sino también la profundidad de la grieta jurídica y política que lo rodea. En tanto, para el tribunal oral, el vencimiento del plazo sin pago ni garantías deja abierta la vía de ejecución: los bienes de los condenados pueden ser embargados y puestos a subasta pública. Entre los patrimonios alcanzados figuran propiedades, terrenos, cuentas bancarias y empresas vinculadas a los procesados.
La situación impacta de lleno en el escenario político. Nunca antes en la historia democrática argentina una figura con la investidura y el peso simbólico de Cristina Kirchner había enfrentado un proceso de ejecución patrimonial de esta magnitud. Para sus detractores, el avance judicial representa un triunfo de la institucionalidad y la transparencia; para sus seguidores, en cambio, confirma la tesis del “lawfare” y la utilización de la Justicia como arma de persecución política. La expresidenta ha insistido durante años en esta narrativa, denunciando una articulación entre jueces, medios de comunicación y sectores del poder económico para neutralizarla políticamente.
En paralelo, se desató una disputa institucional por la administración de los bienes recuperados. La Corte Suprema dictó recientemente una acordada otorgándose facultades para organizar el registro y gestión de estos activos. A los pocos días, el gobierno de Javier Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia creando un Consejo de Bienes Recuperados con competencias similares. El choque normativo anticipa un conflicto que, tarde o temprano, volverá a dirimirse en los tribunales. La tensión refleja, en definitiva, la lucha por el control de los símbolos y los recursos de la corrupción, un terreno en el que se cruzan intereses políticos, institucionales y económicos.
El caso Vialidad no es un hecho aislado. En paralelo, otras causas conexas avanzan con medidas similares. En “La ruta del dinero K”, por ejemplo, la Justicia ya dispuso el decomiso de 56 propiedades de Lázaro Báez y de su hijo Martín, además de cuentas en el exterior con tres millones de euros y un millón de dólares. La sucesión de fallos configura un patrón: el intento del Estado de recuperar activos derivados de la corrupción mediante mecanismos judiciales inéditos en la Argentina contemporánea.
La historia de la Causa Vialidad se remonta a 2016, cuando el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner, a Báez y a otros exfuncionarios por asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos en la obra vial de Santa Cruz. Los embargos dictados entonces ya superaban los 10 mil millones de pesos, cifras que hoy parecen menores en comparación con los montos actualizados. El juicio oral, iniciado en 2019 y concluido en 2022, terminó con condenas de hasta seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Cámara de Casación confirmó la sentencia en noviembre de 2024, y el 10 de junio de 2025 la Corte Suprema la dejó firme, cerrando la instancia judicial ordinaria y dejando en pie el decomiso.
Hoy, casi nueve años después del inicio de aquel proceso, el expediente se encuentra en la etapa de ejecución. El paso del tiempo no ha atenuado su peso simbólico: al contrario, lo ha multiplicado. El remate de los bienes de Cristina Kirchner y de los otros condenados se proyecta como un hito en la relación entre política y Justicia. Para el gobierno de Milei, representa la oportunidad de mostrar resultados concretos en la lucha contra la corrupción, en un contexto de ajuste económico y demandas sociales crecientes. Para el peronismo, en particular para el kirchnerismo, constituye una herida abierta que podría redefinir su identidad y su estrategia de supervivencia política.
El desenlace inmediato dependerá de la velocidad con la que el tribunal avance en las ejecuciones y de lo que resuelva la Cámara de Casación respecto de los montos en disputa. Pero incluso si hubiera revisiones parciales, el escenario no cambia en lo esencial: los bienes de los condenados quedarán sujetos a embargos y subastas para resarcir al Estado. En términos jurídicos, se trata de un paso firme hacia la materialización del decomiso. En términos políticos, es un recordatorio brutal de cómo la corrupción y la Justicia atraviesan el destino de la Argentina.
La pregunta que queda abierta es si este proceso marcará un verdadero cambio de época o si quedará como un episodio más en la larga saga de desencuentros entre política y Justicia. Lo cierto es que, con el remate de los bienes de una expresidenta, la Argentina transita un territorio desconocido. La ejecución patrimonial no solo afecta a Cristina Kirchner y a los otros condenados, sino que también redefine los límites de la impunidad y el alcance de la Justicia en la vida pública del país.
