La Cámara Federal confirmó el procesamiento por lavado de activos y embargó bienes por un equivalente a US$ 38 millones, en una causa articulada por el juez Julián Ercolini, que permite avanzar hacia el juicio oral y busca recuperar el patrimonio ilícito desvinculado del exsecretario presidencial Daniel Muñoz.
Buenos Aires, 18 de agosto de 2025 – En una decisión judicial de fuerte impacto en el plano político y jurídico argentino, la Cámara Federal –con el aval de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi– ratificó el procesamiento de Carolina Pochetti, viuda del fallecido exsecretario presidencial Daniel Muñoz, por el delito de lavado de dinero, y dispuso un embargo sobre sus bienes por US$ 38 millones, equivalentes a 50.000 millones de pesos al tipo de cambio oficial.
Además, el tribunal confirmó el procesamiento de Franco Muñoz, hijo del exsecretario, embargado por US$ 11 millones, y extendió embargos a un total de 22 personas –familiares, abogados, testaferros y gestores inmobiliarios– por un acumulado de US$ 412 millones.
El fallo despeja el camino para que el juez federal Julián Ercolini eleve la causa a juicio oral, un paso clave para avanzar en la recuperación del patrimonio producto de delitos. Varios bienes de la trama ya están congelados, entre ellos loteos en Turks and Caicos.
Magnitud de la operatoria: patrimonio en EE.UU., el Caribe y Argentina
La investigación judicial determinó que Muñoz y su entorno sacaron del país al menos US$ 70 millones entre bienes en el extranjero, que incluyen 16 propiedades en Miami, dos en Nueva York (incluyendo unidades en el emblemático Plaza Hotel), y un proyecto multimillonario para construir un resort turístico en Turks and Caicos.
En el ámbito local, la Justicia detectó más de 100 millones de dólares en lavado dentro del país: 113 inmuebles a nombre de Muñoz, incluyendo dos estancias en la provincia de Santa Cruz (una de más de 20.000 hectáreas), complejos de cabañas en Villa La Angostura, El Calafate y San Martín de los Andes, edificios de cocheras y propiedades en Buenos Aires y Río Gallegos.
La documentación que respalda estas imputaciones ocupa 209 páginas tamaño A4 en cuerpo 12 e incluye una vasta lista de propiedades, vehículos de alta gama, hoteles, máquinas viales, camionetas importadas y estancias.
Declaraciones comprometedoras y sospechas sobre testaferros
Uno de los testimonios clave provino del exministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, quien señaló que tras la muerte de Muñoz en mayo de 2016, se infería que los fondos destinados al exterior correspondían a “sus legítimos dueños”, en un claro indicio de una vinculación con Néstor y Cristina Kirchner . Esa sospecha alimenta la hipótesis de que Muñoz habría operado como testaferro de autoridades de alto nivel.
Aristas procesales: personas implicadas, sobreseimientos y falta de mérito
La resolución judicial firmó procesamientos firmes a múltiples integrantes del entramado. Están procesados el tío de Pochetti, Daniel Omar Blanco; sus hermanas, abogados como Carlos Temístocles Cortez, gestores como Peter Michael Karam (asesor en la compra de parcelas en el Caribe), y operadores inmobiliarios y financieros como los hermanos Llaneza, Dorf, y figuras del entorno local como Ricardo Barreiro y Susana Muñoz, entre otros.
Por otro lado, el tribunal revocó procesamientos, dictó falta de mérito o sobreseyó a algunas personas, como Amílcar Héctor Acosta, Karina La Porta, y otros, lo que muestra el tratamiento diferenciado conforme al grado de responsabilidad individual.
Análisis: implicancias en la lucha contra la corrupción y la política
Este procesamiento representa un hito destacable en la pesquisa sobre los fondos vinculados a los llamados “cuadernos de las coimas”. Aunque Muñoz falleció en 2016, su rol como nexo entre empresarios y la cúspide del poder quedó confirmado judicialmente. La ampliación del embargo busca ir más allá del castigo penal: intenta restituir al Estado el dinero mal habido.
En un país donde los litigios sobre corrupción suelen prolongarse, esta resolución fortalece la percepción de que la Justicia puede actuar con firmeza, aun frente a estructuras complejas de lavado internacional. La movilización de fondos hacia el Caribe y los EE.UU. remite a patrones globales de corrupción que se cimentan en la opacidad corporativa y el uso de sociedades pantalla.
El monto embargado –US$ 38 millones solo en el caso de Pochetti– revela la magnitud del saqueo y genera presión política sobre quienes integraban el círculo de confianza de los Kirchner. Si bien aún no hay pruebas judiciales de su participación directa, las sospechas persisten y este fallo aviva el debate sobre responsabilidades políticas.
Paso siguiente: hacia un juicio oral y la recuperación de activos
Con los procesamientos confirmados, el juez Ercolini podrá avanzar con la elevación de la causa a juicio oral, un paso decisivo que permitirá indagar en el entramado corporativo, financiero y político detrás de la operatoria.
En paralelo, los embargos ordenados buscan asegurar que el Estado pueda recuperar parte del patrimonio. Dado el tamaño de los montos implicados y la dispersión internacional de los bienes, el litigio de recuperación promete ser largo y complejo.
