El Gobierno oficializó la transferencia de acciones mayoritarias de los complejos Alicurá, El Chocón–Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. El concurso público nacional e internacional podría aportar cerca de 500 millones de dólares, pero genera tensiones con provincias, ambientalistas y dirigentes opositores.
El martes 19 de agosto de 2025, el presidente Javier Milei dio un paso decisivo en su plan de privatizaciones al firmar el decreto que habilita la venta de cuatro de las represas hidroeléctricas más importantes del país. Se trata de los complejos Alicurá, El Chocón–Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuya operación hasta ahora estaba en manos de concesionarias privadas bajo contratos que se remontan a la década del noventa. El Gobierno dispuso que las acciones, que se encontraban en manos de la estatal Enarsa, pasen a la órbita de la Secretaría de Energía para ser transferidas a través de un concurso público abierto tanto a oferentes nacionales como internacionales. El objetivo declarado es obtener ingresos fiscales por alrededor de quinientos millones de dólares y, al mismo tiempo, avanzar en la reorganización del sector eléctrico.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, fija un plazo de sesenta días para que el Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, establezca las condiciones de la licitación. Mientras tanto, las actuales operadoras —AES Argentina, Enel Generación El Chocón, Orazul Energy y Central Puerto— podrán continuar hasta diciembre de este año o hasta que se adjudique la venta, lo que ocurra antes. Las empresas deberán adherir al nuevo esquema en cinco días hábiles, y si no lo hacen, estarán obligadas a garantizar el servicio por al menos noventa días más para no afectar la seguridad del sistema eléctrico. Los requisitos que se imponen incluyen el cumplimiento de los contratos originales de concesión, el pago de regalías a Neuquén y Río Negro, una garantía mínima de 4,5 millones de dólares y la obligación de permitir inspecciones y auditorías estatales.
La medida se enmarca en un proceso histórico que comenzó con la construcción de estas represas entre 1972 y 1999, y su privatización durante la presidencia de Carlos Menem. Los contratos originales tenían un plazo de treinta años que fue cumplido en 2023, momento en que se abrió un debate sobre el futuro de las concesiones. Durante los últimos dos años, la gestión de Milei había prorrogado de manera sucesiva esas licencias para ganar tiempo en el diseño de la reprivatización, que ahora se concreta con la venta de las sociedades anónimas creadas especialmente para canalizar la operación.
El trasfondo económico no es menor. Según estimaciones oficiales, el Estado podría recaudar hasta 500 millones de dólares con el traspaso. Al mismo tiempo, las empresas concesionarias reclaman compensaciones de entre 500 y 800 millones por cambios regulatorios y recortes tarifarios acumulados desde 2003. Este choque de intereses adelanta que el proceso no estará exento de litigios. Además, las represas representan cerca del 10 por ciento de la generación eléctrica nacional, con costos de operación muy por debajo de las centrales térmicas. Se trata, en definitiva, de activos estratégicos en la matriz energética argentina, con un peso fundamental tanto en términos económicos como ambientales.
Las provincias de Neuquén y Río Negro, donde se encuentran los complejos, vienen reclamando participación directa en la toma de decisiones. Argumentan que los recursos hídricos son de dominio provincial y que corresponde un reparto justo de regalías y canon. Si bien el decreto contempla el pago de regalías, los gobernadores mantienen reservas sobre el futuro control de los activos y sobre la posibilidad de que el esquema de privatización abra las puertas a capitales extranjeros con poco arraigo local. La tensión entre la Casa Rosada y las provincias patagónicas promete convertirse en uno de los principales ejes de la discusión política.
En paralelo, la oposición también elevó su voz. El senador neuquino Oscar Parrilli llamó a frenar la privatización y exhortó a las autoridades provinciales a resistir. Según el legislador, durante décadas las empresas concesionarias no reinvirtieron las utilidades, promovieron la fuga de divisas y descuidaron el mantenimiento de las infraestructuras. Para Parrilli, entregar nuevamente estos activos al capital privado no hará más que profundizar los problemas estructurales del sistema eléctrico. Organizaciones ambientalistas, sindicatos y asociaciones de usuarios también expresaron preocupación por el impacto que la reprivatización pueda tener en las tarifas eléctricas, el acceso al agua y el control sobre recursos naturales estratégicos.
En el plano internacional, el gobierno busca garantizar la mayor apertura posible. El concurso no impondrá preferencias nacionales, y de hecho se espera que grandes compañías extranjeras participen con fuerza. La pregunta de fondo es hasta qué punto la Argentina está dispuesta a resignar control sobre activos que no solo generan electricidad sino que también regulan caudales hídricos, previenen inundaciones y garantizan agua potable para amplias zonas del país. Los especialistas advierten que sin un marco regulatorio sólido, la privatización podría derivar en aumentos de tarifas y falta de inversiones de largo plazo, como ya ocurrió en experiencias pasadas.
El dilema que se plantea es el de siempre: eficiencia versus soberanía. Para el Gobierno, vender las represas permitirá mejorar la eficiencia operativa y obtener recursos frescos en un contexto de estrechez fiscal. Para sus críticos, supone perder control sobre bienes públicos de valor estratégico. El debate, que atraviesa la política argentina desde hace décadas, vuelve a instalarse con fuerza en un momento en que el país busca atraer inversiones, estabilizar la macroeconomía y redefinir su matriz energética.
Los próximos dos meses serán claves. El lanzamiento de los pliegos y la reacción de los potenciales oferentes marcarán la temperatura del proceso. Las provincias, por su parte, analizan alternativas judiciales y legislativas para no quedar relegadas. Los usuarios esperan señales sobre el futuro de las tarifas, mientras que los sindicatos del sector energético evalúan medidas de fuerza. En el tablero político, Milei apuesta a consolidar su programa liberal con una medida que, si logra concretarse, será uno de los hitos de su gestión.
La venta de las represas hidroeléctricas es mucho más que una operación financiera. Es una decisión que involucra soberanía, ambiente, desarrollo regional y el futuro de la energía en Argentina. Si el proceso avanza con transparencia, competencia y reglas claras, podría sentar las bases para un nuevo ciclo de inversiones en el sector. Pero si se impone la lógica de la urgencia fiscal y la apertura irrestricta, el riesgo es repetir errores del pasado, con un costo social y político difícil de calcular. En cualquier caso, lo que está en juego es el modelo de país que se quiere construir: uno donde el agua y la energía se conciban como mercancías o como derechos esenciales bajo tutela pública.
