Un informe contable judicial confirma que la empresa de Báez fue quien abultó la facturación de Hotesur, respaldando la hipótesis fiscal de lavado de dinero y reactivando la causa que podría derivar en un juicio oral contra la expresidenta.
Buenos Aires, 20 de agosto de 2025 – Un peritaje contable parcial incorporado recientemente a la causa Hotesur, en la que Cristina Kirchner está acusada de lavado de dinero, concluyó que el empresario Lázaro Báez fue, de lejos, el principal cliente de los hoteles de propiedad de la familia Kirchner. El equipo de peritos identificó que las empresas del holding de Báez contrajeron la mayoría de los servicios hoteleros con Hotesur, lo que refuerza la acusación fiscal de que los fondos provenientes de obras públicas adjudicadas en la provincia de Santa Cruz terminarían “reciclados” en contratos hoteleros que beneficiaban a los Kirchner, cerrando de esta forma el círculo del dinero irregular. El informe, de corte parcial, forma parte de una batería de pruebas contables que también buscan establecer la actividad irregular de la firma Los Sauces, otra de las estructuras patrimoniales vinculadas a la familia. La reactivación judicial fue ordenada por el Tribunal Oral Federal N°5, a cargo del juez José Michilini y sus colegas Adriana Palliotti y Sergio Toselli, que ahora aguardan definiciones sobre alquileres, revisiones de propiedades y nuevos peritajes antes de fijar fecha de juicio.
El origen de la causa Hotesur se remonta a denuncias que vincularon a la exmandataria y su entorno con maniobras de lavado mediante empresas hoteleras, que estos negaban, sosteniendo que se trataba de una actividad genuina. La defensa afirma que Hotesur y Los Sauces son vehículos de alquiler inmobiliario y que los contratos se hicieron a valores de mercado. Sin embargo, el peritaje arrojó datos contundentes: en los primeros análisis, “Lázaro Báez aportó más del 50 % de la facturación total” del hotel Alto Calafate, cuyas operaciones estaban a cargo de la firma Valle Mitre, vinculada al propio Báez. Esta situación, sumada al hecho de que entre 2009 y 2014 la familia Kirchner retiró sumas comparables en concepto de adelantos de dividendos, sin registros claros de huéspedes ni actividades hoteleras genuinas, genera fuertes sospechas sobre la verosimilitud de la operación.
En mayo pasado, un borrador del peritaje expuso síntomas de insolvencia en el negocio hotelero: cifras en rojo, listado de clientes preferenciales, contratos poco sólidos y una relación de confianza entre la familia presidencial y Báez que aseguraba el pago pese a la falta de rentabilidad. En paralelo, una pericia divulgada por el canal A24 reveló que durante el período en que Valle Mitre administraba el hotel Alto Calafate (2009–2013), su patrimonio apenas alcanzaba a cubrir un mes de alquiler, aun cuando nunca se registraron incumplimientos en los pagos. Esa misma pericia detalló que, por cada peso adeudado, disponía apenas de 0.55 centavos para pagarlo, lo que refuerza la teoría fiscal de una pantalla para movimientos de dinero.
El hecho de que el principal cliente de los hoteles en cuestión fuera un empresario ya condenado por lavado de dinero, y un actor central en causas vinculadas a la corrupción del kirchnerismo, intensifica la presión sobre Cristina Kirchner. El informe representa un respaldo material poderoso a la acusación fiscal y se suma a otras pruebas, como los cuadernos de las coimas, cuyo peritaje caligráfico confirmó su autenticidad. Con la causa reactivada, el tribunal que preside el juicio oral ordenó retomar los peritajes contables y recopilar información sobre alquileres y propiedades. Esta reanudación de trámites prepara el escenario para fijar, en breve, la fecha del juicio oral.
El juez Michilini y sus colegas recurrieron a medidas claras: retomar peritajes pendientes, requerir informes adicionales sobre operaciones inmobiliarias y revisar contratos vinculados a Hotesur y Los Sauces. Todo esto es prerrequisito antes de avanzar hacia un debate oral que, de confirmarse, implicaría sentar a la exmandataria y su hijo Máximo Kirchner frente a un tribunal. El peritaje no es un hecho aislado: se enmarca en causas mayores como la de los cuadernos de las coimas y la denominada “Ruta del dinero K”. En esta última, Báez fue condenado por lavado de dinero en una causa que desentrañó una red de direccionamiento de obra pública y movimientos financieros ilegales.
El análisis político y judicial del caso marca varias líneas. Entre las fortalezas del dictamen se destacan: la prueba cuantitativa clara, que indica que Valle Mitre fue el cliente dominante; las inconsistencias contables representadas por insolvencias y falta de rentabilidad real; y la conexión judicial sólida que materializa el vínculo entre fondos públicos adjudicados a Báez y su repercusión en el patrimonio de los Kirchner. En cuanto a debilidades y defensas posibles, el carácter parcial del peritaje aún deja espacio para discusiones técnicas y la defensa insiste en que todos los contratos fueron legítimos, bancarizados y ajustados a valores de mercado.
El impacto legal de este informe puede ser determinante en un futuro juicio oral. Si se incorporan nuevos elementos que refuercen esta línea probatoria, las defensas podrían quedar debilitadas frente a un tribunal con pruebas contables y documentales sólidas. En la dimensión política, la situación reaviva el debate sobre la corrupción durante el kirchnerismo, alimenta críticas desde sectores opositores y amplifica el escrutinio sobre la conducta de funcionarios públicos durante ese período.
En conclusión, este peritaje contable parcial es una pieza clave que dinamiza la causa Hotesur, consolidando los lazos entre el financiamiento inmobiliario de la familia Kirchner y el empresario Lázaro Báez, ya condenado por lavado. En términos judiciales, aporta una base numérica sólida a las acusaciones del Ministerio Público Fiscal, posibilitando una profundización del juicio oral. En términos políticos, refuerza la narrativa crítica sobre la corrupción durante las gestiones kirchneristas, alimentando tanto el debate público como la tensión judicial. Queda por verse cómo avanzará el análisis sobre Los Sauces, si la defensa logra desacreditar el valor probatorio del informe y qué decisión tomará el tribunal en los próximos meses. Lo cierto es que Cristina Kirchner y su entorno enfrentan una nueva página en un proceso judicial que, con este peritaje, adquiere mayor contundencia y podría marcar un hito en la historia judicial y política reciente de la Argentina.
