La salida de Guillermo Manzano, responsable de medir pobreza, empleo y costo de vida, abre un debate sobre la transparencia, la autonomía técnica y el futuro de la estadística pública en Argentina.
La renuncia de Guillermo Manzano al frente de la Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) generó un fuerte impacto en el ámbito político, económico y académico del país. Manzano, sociólogo de amplia trayectoria en encuestas de hogares e indicadores sociales, presentó su dimisión con efecto a partir del 1.º de septiembre. El organismo informó que el motivo responde a diferencias de criterios y de gestión interna, pero la decisión alimentó dudas y preocupaciones sobre la estabilidad institucional del INDEC y la continuidad de trabajos metodológicos de gran relevancia.
La Dirección de Estadísticas de Condiciones de Vida es un área clave: allí se producen las mediciones oficiales de pobreza, empleo, ingresos y costo de vida, estadísticas que atraviesan la vida cotidiana de millones de personas. Su conducción tiene incidencia directa sobre la credibilidad del organismo, ya que de esos indicadores dependen políticas sociales, actualizaciones salariales, asignaciones familiares, tarifas y programas de asistencia. La renuncia, por lo tanto, no se interpreta como un trámite administrativo, sino como un episodio que condiciona la producción de información vital en un contexto de alta inflación y persistente pobreza.
El comunicado oficial difundido por el INDEC subrayó que la salida no afecta la continuidad de las estadísticas y que el organismo mantiene su compromiso con las buenas prácticas internacionales. La explicación se concentró en resaltar diferencias de gestión y formas de trabajo con el equipo, descartando que existan interferencias políticas en las cifras. Sin embargo, el clima puertas adentro se tensó: la noticia sorprendió a empleados y generó inquietud en gremios y especialistas que siguen de cerca la evolución metodológica del instituto. La percepción pública, en este tipo de casos, es tan relevante como la situación real: cualquier duda sobre la independencia del organismo repercute en su credibilidad.
La trayectoria de Guillermo Manzano lo convertía en un referente técnico de peso. Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, se especializó en el diseño de encuestas de hogares y en la medición de ingresos y pobreza. Desde mediados de los años noventa trabajó en el INDEC en áreas de metodología y posteriormente asesoró a la Dirección General de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, donde coordinó la creación del Índice de Precios al Consumidor porteño, las canastas de consumo y encuestas laborales. Regresó al organismo nacional en 2016 y desde entonces fue uno de los responsables de sostener la recomposición técnica tras los años de intervención que habían dañado la credibilidad institucional. Su reconocimiento académico y profesional lo colocaba como una figura difícil de sustituir.
Entre los proyectos que dirigía, se encontraba la aplicación de una nueva metodología para medir la pobreza. Esta iniciativa había sido validada dentro del organismo y prometía actualizar los criterios de cálculo en línea con estándares internacionales. Sin embargo, la puesta en práctica aún no se había concretado. En paralelo, también quedaba pendiente una reformulación del Índice de Precios al Consumidor, de gran sensibilidad política y social en un país que atraviesa procesos inflacionarios de magnitud. La demora en ambos proyectos ahora adquiere otro significado: con la salida de Manzano, se abre un interrogante sobre los tiempos y la orientación que tendrán esas reformas.
Para ocupar el cargo, el INDEC designó a Josefina Rim, economista con experiencia en el organismo. Rim ya había estado al frente de la Dirección de Índices de Precios de Consumo entre 2017 y 2020. En los últimos años residió en Corea del Sur, donde completó un doctorado en Gestión de Innovaciones Globales aplicadas a estadísticas de precios en la Universidad KAIST. Su perfil combina conocimiento técnico con formación internacional, y su regreso se interpreta como una apuesta a modernizar el área con herramientas de innovación digital. No obstante, la expectativa es alta: Rim deberá demostrar rápidamente que puede garantizar continuidad, transparencia y solidez metodológica en un clima institucional que requiere confianza.
El contexto explica por qué esta renuncia despierta tanta atención. El INDEC no es un organismo más: es el árbitro de la realidad económica. Sus estadísticas no solo sirven para la toma de decisiones del gobierno, sino también para la negociación de salarios, la elaboración de presupuestos provinciales, los acuerdos con organismos internacionales y las proyecciones empresariales. En la sociedad, además, los números del INDEC son una referencia simbólica: allí donde la percepción cotidiana y la estadística oficial divergen, surge la sospecha de manipulación. Argentina ya atravesó esta crisis entre 2007 y 2015, cuando la intervención política sobre los indicadores derivó en la pérdida de credibilidad nacional e internacional, llegando incluso a una moción de censura del Fondo Monetario Internacional. Aquella etapa dejó cicatrices profundas, y cada episodio de renuncia o demora metodológica revive esas memorias.
Hoy el desafío del INDEC es doble: por un lado, debe sostener su independencia técnica frente a las tensiones políticas que inevitablemente rodean a estadísticas tan sensibles como la inflación o la pobreza; por otro, tiene que actualizar sus metodologías para reflejar mejor la complejidad de la vida social y económica en Argentina. La salida de un funcionario con la experiencia de Manzano complica ambos frentes, porque retrasa la innovación y al mismo tiempo reabre la discusión sobre la autonomía interna. El riesgo es que se reinstale una desconfianza que el organismo lleva casi una década intentando disipar.
Los riesgos inmediatos se pueden resumir en tres puntos. El primero es la posible percepción de interferencia política: incluso si no la hubiera, la renuncia de un técnico clave siempre genera la sospecha de presiones externas. El segundo es la pérdida de capital humano: Manzano acumulaba tres décadas de conocimiento en encuestas, canastas y metodologías de ingresos, un expertise que no se reemplaza de un día para otro. El tercero es el impacto sobre la credibilidad del organismo: en un contexto de alta inflación, cualquier duda sobre la precisión de las estadísticas se traduce en desconfianza ciudadana y en cuestionamientos de los mercados y de los organismos internacionales.
Al mismo tiempo, hay oportunidades. La llegada de Rim puede permitir una apertura hacia nuevas tecnologías y prácticas estadísticas, incorporando herramientas digitales que aceleren y transparenten los procesos. El recambio puede ser también una ocasión para reforzar la comunicación institucional, explicar con claridad las metodologías y acercar al público general la lógica de los cálculos oficiales. Y, sobre todo, puede ser la oportunidad de acelerar la implementación de los proyectos pendientes, mostrando resultados concretos que devuelvan confianza a la sociedad.
El debate de fondo excede nombres propios: se trata de definir qué INDEC quiere y necesita Argentina. Un organismo técnico independiente, que mida con rigor y que comunique con transparencia, es una condición indispensable para la gobernabilidad democrática. Cuando la estadística oficial pierde prestigio, lo que surge es un vacío que ocupan las consultoras privadas, los observatorios universitarios y los discursos políticos interesados. Ese vacío erosiona la legitimidad del Estado y debilita la posibilidad de construir consensos sociales. La renuncia de Manzano, en este sentido, es una alerta: la autonomía del INDEC no se puede dar por sentada, debe ser defendida y cultivada a diario.
En el plano político, las reacciones fueron cautelosas. Desde la conducción del organismo se insistió en que la renuncia responde a diferencias de gestión interna y no implica ninguna alteración en la producción estadística. Sin embargo, en ámbitos gremiales y académicos se reclamó mayor transparencia en la explicación y se pidió que se garantice la continuidad de los trabajos metodológicos. La percepción pública es el terreno donde se juega gran parte de la credibilidad del INDEC, y esa percepción se alimenta tanto de los números como de los gestos institucionales.
La historia reciente demuestra que la estadística no es neutral. En un país con inflación alta, pobreza extendida y desigualdades crecientes, cada punto porcentual puede convertirse en argumento de disputa política. El INDEC, por eso, debe blindar su independencia y cuidar su prestigio como un capital estratégico. La salida de un funcionario como Manzano no debería interrumpir esa tarea, pero obliga a redoblar esfuerzos para sostenerla. El desafío de Rim, y de la conducción del organismo, es demostrar que la institucionalidad es más fuerte que las diferencias individuales y que los datos seguirán siendo producidos con la misma rigurosidad.
En conclusión, la renuncia de Guillermo Manzano no es un hecho aislado, sino un síntoma de las tensiones permanentes que atraviesan la estadística pública en Argentina. Expone la dificultad de equilibrar autonomía técnica con demandas políticas, la urgencia de modernizar metodologías y la necesidad de comunicar con transparencia. Abre interrogantes sobre la continuidad de proyectos clave, pero también ofrece la oportunidad de reforzar la confianza institucional. El futuro del INDEC dependerá de su capacidad para atravesar esta transición sin erosionar su rol de árbitro confiable de la realidad económica y social. Porque en un país donde los números son política, la credibilidad de las estadísticas es un bien público irremplazable.
