El Cuerpo Médico Forense analizó las historias clínicas de 20 fallecidos y determinó que, aunque no hubo un nexo causal único, en 12 casos la contaminación del fármaco empeoró el cuadro y aceleró el desenlace. La investigación judicial ya contabiliza entre 76 y casi 100 muertes en todo el país, con graves fallas en el control estatal, laboratorios bajo sospecha y un debate político que amenaza con opacar el reclamo de justicia de las familias.
El pasado 19 de agosto, el Cuerpo Médico Forense presentó un informe preliminar sobre las primeras veinte historias clínicas de pacientes fallecidos tras la administración de fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma. El estudio concluyó que no se detectó un nexo causal directo entre las bacterias presentes en el fármaco —Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii— y las muertes, aunque en doce de los casos la infección constituyó un factor agravante significativo que contribuyó al desenlace fatal. La muestra es pequeña en relación a la magnitud de la tragedia, que suma decenas de víctimas, pero confirma que la contaminación agravó el estado de pacientes con comorbilidades graves y aceleró la evolución de cuadros críticos.
La crisis sanitaria comenzó en abril en La Plata, cuando se registraron hospitalizaciones por neumonías y las primeras muertes asociadas al medicamento. En ese momento, se hablaba de al menos 14 fallecimientos y 66 infectados. Para fines de mayo la cifra ascendía a 34 muertes y 69 casos confirmados. El número fue en aumento durante las semanas siguientes: a mediados de agosto el juez federal Ernesto Kreplak informó 76 fallecidos y, en los últimos días, fuentes judiciales y sanitarias estiman que ya se cuentan entre 87 y 97 víctimas fatales. Se trata de una de las tragedias farmacéuticas más graves de la historia argentina.
El avance de la investigación reveló un entramado de fallas regulatorias. Un informe oficial de la ANMAT presentado al juzgado describió severas deficiencias en la producción de fentanilo: ausencia de controles microbiológicos, falta de certificados de esterilidad y de registros analíticos, aguas sin control de endotoxinas y un incumplimiento flagrante de las buenas prácticas de manufactura. Estas irregularidades se sumaban a observaciones previas en la planta de Laboratorio Ramallo, que ya había recibido advertencias por “deficiencias significativas”. Sin embargo, la producción no fue detenida sino hasta dos meses después, cuando el fármaco contaminado ya circulaba en hospitales y clínicas.
La causa judicial avanza con múltiples dificultades. Están bajo sospecha más de 24 personas —entre empleados, profesionales y empresarios vinculados a HLB Pharma y Laboratorio Ramallo— sobre quienes pesan prohibiciones de salida del país y embargos de bienes, aunque por el momento no existen imputaciones formales. Entre los principales obstáculos se encuentra la falta de trazabilidad del fentanilo en el sistema sanitario argentino, la ausencia de registros digitales en muchos hospitales, la destrucción de historias clínicas —como ocurrió en Bahía Blanca, donde documentos fueron arrasados por inundaciones— y la resistencia de algunos centros médicos a quedar involucrados en la investigación. En paralelo, se llevan adelante dos peritajes clave: uno sobre las historias clínicas, ya iniciado con los veinte casos mencionados, y otro sobre la documentación de la producción farmacéutica, que busca determinar protocolos, estándares y posibles negligencias.
El impacto social es profundo. Los familiares de las víctimas se han organizado para reclamar justicia y visibilizar el dolor. Sus testimonios transmiten desesperación: “Esto es un asesinato en masa, ya no tengo nada que perder, solo quiero justicia”, dijo una de las madres que perdió a su hijo. En las calles y en redes sociales, el caso se convirtió en un símbolo de la fragilidad del sistema de control sanitario.
El costado político de la crisis no tardó en emerger. El Gobierno de Javier Milei fue cuestionado por su silencio inicial. Con el avance del caso y la presión pública, el Presidente vinculó al kirchnerismo con uno de los empresarios investigados, Ariel García Furfaro, y llegó a amenazar con recusar al juez Kreplak, quien respondió reclamando respeto por las víctimas y advirtiendo sobre la necesidad de evitar la politización de una investigación que debe centrarse en responsabilidades sanitarias y judiciales. Como gesto institucional, el Ministerio de Salud removió de su cargo a Mariela García, funcionaria de la ANMAT a cargo del área de vigilancia postcomercialización, aunque la medida fue considerada insuficiente porque no alcanzó al área de medicamentos.
La publicación del informe forense abre un debate mayor sobre las responsabilidades médicas y legales en este tipo de tragedias. La ausencia de un nexo causal directo en todos los casos analizados contrasta con la percepción social de un daño inequívoco. ¿Cómo se establece la responsabilidad cuando existen múltiples factores de comorbilidad y, al mismo tiempo, un fármaco contaminado agravó los cuadros clínicos? Para especialistas en derecho sanitario, el reconocimiento de que la contaminación fue determinante en más de la mitad de los casos analizados es un elemento de peso en términos judiciales.
Más allá del terreno legal, la crisis desnuda déficits estructurales en el sistema de control sanitario. Los fallos en la inspección de laboratorios, la ausencia de trazabilidad en el uso de medicamentos de alta potencia y la demora en la reacción estatal exponen un entramado vulnerable que requiere reformas urgentes. La digitalización de registros, la implementación rigurosa de protocolos de control y la supervisión efectiva sobre la industria farmacéutica aparecen como medidas ineludibles para evitar nuevas catástrofes.
El riesgo de que la causa quede atrapada en disputas partidarias es otro desafío. Kreplak pidió expresamente que se respete la independencia judicial, mientras el oficialismo y la oposición intercambian acusaciones. El verdadero eje, sin embargo, debería ser el dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos y esperan respuestas. La memoria de las víctimas no puede diluirse en la confrontación política.
El caso del fentanilo contaminado no debería convertirse en un episodio más de escándalo y olvido. Las más de setenta muertes confirmadas y las decenas que se investigan obligan a repensar el sistema sanitario y regulatorio. Cada víctima representa una vida truncada y una familia devastada. La investigación judicial deberá determinar responsabilidades, pero el compromiso social y político debe ir más allá de las sanciones penales: es necesario garantizar que nunca más se repita una cadena de negligencias semejante.
La publicación del peritaje forense es apenas un paso dentro de una investigación que continúa abierta. En doce de los veinte casos analizados, la contaminación del fármaco agravó el cuadro clínico y aceleró la muerte. El dato es contundente y marca un camino: aunque las responsabilidades médicas puedan ser complejas, la tragedia sanitaria tiene responsables concretos en la cadena de producción, control y distribución. El desafío es que la justicia los identifique, que la política no distraiga con acusaciones cruzadas y que la sociedad no olvide el dolor de quienes hoy reclaman verdad y reparación.
