Las encuestas marcan que entre el 65% y el 68% de la población se opone a las decisiones presidenciales de frenar leyes que favorecían a jubilados, personas con discapacidad y al Hospital Garrahan. La tensión crece en el Congreso, donde la oposición busca revertir los vetos.
Un reciente sondeo nacional elaborado por la consultora Synopsis puso en agenda cuatro temas sensibles: jubilaciones, discapacidad, universidades y el Hospital Garrahan. Los consultores preguntaron a la ciudadanía qué opinaba sobre eventuales vetos del presidente Javier Milei en estas áreas, y el resultado dejó un mensaje claro: son asuntos de enorme sensibilidad social que generan amplio rechazo y que pueden tener un fuerte impacto político. Aunque el informe de Synopsis no detalló porcentajes, otras encuestas realizadas en paralelo confirman la magnitud de la desaprobación ciudadana.
De acuerdo con un estudio de Management & Fit, casi 7 de cada 10 argentinos rechazan los vetos aplicados por el Ejecutivo. En detalle: un 68% se opone a recortes en discapacidad, un 65% desaprueba los ajustes que afectan al Hospital Garrahan y un 66,5% critica la decisión de frenar un aumento jubilatorio con bono incluido. Incluso dentro de los votantes del propio oficialismo, tanto de La Libertad Avanza como del PRO, entre 52% y 56% consideran negativas estas decisiones, lo que evidencia un rechazo que atraviesa fronteras partidarias.
Los números se insertan en un contexto de fuerte tensión política e institucional. El presidente Milei ya vetó la ley que otorgaba un incremento del 7,2% en las jubilaciones y elevaba el bono complementario de 70.000 a 110.000 pesos, y también la ley de emergencia en discapacidad, que preveía ampliar prestaciones, transporte gratuito, atención integral y elevar las pensiones no contributivas al 70% del haber jubilatorio mínimo, además de permitir compatibilizarlas con empleos formales de bajos ingresos. Estas medidas, celebradas en el Congreso con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, fueron desestimadas por el Ejecutivo bajo el argumento de que eran “demagógicas” e “inviables fiscalmente”.
La reacción social no se hizo esperar. Diversos sectores confluyeron en movilizaciones masivas frente al Congreso y en las principales ciudades del país bajo la consigna “Ni un derecho menos”. Jubilados, médicos del Garrahan, docentes, investigadores, organizaciones feministas y colectivos de personas con discapacidad marcharon juntos, convirtiéndose en un movimiento heterogéneo que canaliza el malestar frente a los recortes. Estas protestas, cargadas de simbolismo, apuntan directamente a las áreas más sensibles del tejido social argentino.
En paralelo, el Congreso se prepara para dar la batalla legislativa. La oposición convocó a sesiones especiales para insistir con los proyectos vetados y necesita reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras para revertir las decisiones presidenciales. En Diputados, esa mayoría se traduce en 171 votos, una cifra difícil de alcanzar pero no imposible si logran articular alianzas con bloques dialoguistas y legisladores independientes. El oficialismo, por su parte, requiere al menos 86 votos para bloquear cualquier intento de anulación, lo que anticipa una disputa voto a voto en el recinto.
El trasfondo electoral añade mayor dramatismo. Con las elecciones legislativas de octubre en el horizonte, el Gobierno enfrenta un dilema: sostener su plan de ajuste fiscal, que tiene como bandera la reducción de la inflación, pero al costo de enfrentarse con una sociedad que rechaza mayoritariamente medidas que impactan en jubilados, personas con discapacidad, universidades y un hospital emblema como el Garrahan. La encuesta de Synopsis y los sondeos complementarios son, en ese sentido, un termómetro de la sensibilidad social frente a decisiones que exceden lo económico y se instalan en el plano simbólico y político.
En síntesis, los números son claros: entre el 65% y el 68% de la sociedad rechaza los vetos presidenciales en áreas clave. El malestar atraviesa incluso a votantes oficialistas, las calles expresan un descontento creciente y el Congreso se prepara para un enfrentamiento decisivo. El presidente Milei apuesta a sostener su programa de ajuste, pero la resistencia social y política augura semanas de máxima tensión en un país donde los derechos de jubilados, discapacitados, estudiantes y médicos del Garrahan se han convertido en un límite difícil de transgredir sin pagar un alto costo.
