La oposición logró los dos tercios en Diputados para rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad; el Senado ahora tiene la oportunidad de consolidar un revés clave que amenaza el corazón del plan económico libertario
La Cámara de Diputados se convirtió este martes en el epicentro de una de las batallas políticas más trascendentes del gobierno de Javier Milei. Con 172 votos afirmativos, frente a 73 negativos y 2 abstenciones, la oposición consiguió revertir en la Cámara baja el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. El resultado no solo representa un triunfo legislativo para los bloques opositores, sino que además coloca al Senado en el centro de la escena: allí se decidirá si este veto se transforma en un revés histórico para el Poder Ejecutivo o si, por el contrario, logra sostenerse con los votos oficialistas y de aliados circunstanciales. La sesión estuvo cargada de tensión política, cruces verbales y un clima enrarecido tanto en el recinto como en las calles, donde distintas organizaciones sociales y asociaciones de personas con discapacidad llevaron adelante una vigilia con velas frente al Congreso, reclamando que se restituya una norma que consideran vital para los sectores más vulnerables del país.
El veto que originó la controversia había sido anunciado por Milei a comienzos de agosto. El Presidente objetó dos leyes aprobadas por mayorías opositoras: una que establecía un aumento del 7,2% en las pensiones y otra que declaraba la emergencia en discapacidad, ampliando la cobertura y la asistencia estatal. Según el Ejecutivo, ambas medidas eran “irresponsables” e implicaban una “amenaza directa al equilibrio fiscal”, ya que no incluían una fuente clara de financiamiento. Para el oficialismo, aceptar esas normas hubiera significado dinamitar el superávit primario que se convirtió en emblema del plan económico libertario. El argumento fiscal se complementó con advertencias sobre la inviabilidad de sostener “gasto público sin respaldo de ingresos”, según palabras del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La oposición, sin embargo, logró articular una mayoría heterogénea que incluyó a los bloques del kirchnerismo, sectores de la UCR, socialistas, Encuentro Federal y parte de las bancadas provinciales. La jugada fue posible gracias a un fino trabajo de negociación y a un objetivo compartido: propinarle un golpe político al oficialismo en el terreno donde más presume fortaleza, la austeridad fiscal. La sesión comenzó con un planteo fuerte del diputado Leandro Santoro, quien apuntó contra Diego Spagnuolo, director nacional de la Agencia de Discapacidad, a raíz de supuestos audios que mencionaban presuntas coimas de medio millón de dólares mensuales. Ese cruce marcó el tono de la jornada, que combinó denuncias de corrupción, cuestionamientos al rumbo económico y la defensa de la institucionalidad frente a lo que calificaron como un “abuso de poder” del Ejecutivo.
Mientras tanto, en la explanada del Congreso, organizaciones de personas con discapacidad, familiares y militantes de distintas fuerzas políticas realizaban un acto que incluyó un minuto de silencio, velas encendidas y testimonios de quienes dependen de los programas de asistencia estatal. Las imágenes de sillas de ruedas, pancartas con consignas como “no al ajuste en discapacidad” y la presencia de referentes sociales reforzaron la carga simbólica de la sesión. “Esta ley está fuera de la grieta, es justicia y humanidad pura”, sostuvo el diputado Daniel Arroyo en su intervención, recibiendo un aplauso cerrado de varios sectores del recinto. Desde la izquierda, Christian Castillo fue más lejos: calificó el veto como “profundamente antidemocrático” y acusó al oficialismo de “desconocer la voluntad popular”.
En respuesta, el oficialismo se mostró alineado con la defensa del veto. El diputado libertario Santiago Santurio advirtió que las leyes vetadas carecían de financiamiento y que insistir con ellas implicaría “borrar de un plumazo el esfuerzo de millones de argentinos que acompañan el superávit fiscal”. La diputada Margarita Stolbizer, de la oposición moderada, replicó con dureza: “La Argentina hace dos años que no tiene presupuesto nacional; el veto refleja la crueldad y la insensibilidad de un gobierno que no entiende la dimensión humana de esta emergencia”.
El impacto de la votación trasciende lo estrictamente legislativo. Se trata de la primera vez que la oposición logra reunir los dos tercios para insistir en una norma vetada por Milei, lo que equivale a un llamado de atención institucional. Si el Senado confirma el rechazo al veto, el Ejecutivo sufrirá su derrota más dura desde que asumió, abriendo interrogantes sobre su capacidad para sostener su programa económico en un escenario de mayor fragmentación política. Además, este episodio puede marcar un antes y un después en la relación de Milei con el Congreso, que hasta ahora había sido oscilante entre tensiones y acuerdos puntuales.
El gobierno intentó anticiparse a la derrota con un anuncio sorpresivo: media hora antes de que comenzara la sesión, el portavoz Manuel Adorni deslizó que la Casa Rosada estaba evaluando un incremento en las prestaciones para personas con discapacidad. El gesto, interpretado como un intento de desactivar la presión social, no alcanzó para frenar la embestida opositora. Por el contrario, fue leído como una admisión de que el veto carecía de respaldo político suficiente.
El trasfondo de este conflicto remite al corazón del plan económico libertario. Milei hizo de la disciplina fiscal el eje de su programa, con un discurso que celebra el superávit como símbolo de orden y credibilidad. Sin embargo, la reducción de la inflación, que pasó de niveles de tres dígitos a alrededor de 17% anual, se construyó sobre una política de ajuste que afectó en especial a jubilados, trabajadores estatales y personas con discapacidad. Organismos internacionales como la CEPAL y la OIT ya habían advertido que el recorte en políticas sociales ponía en riesgo la cohesión social y aumentaba la pobreza estructural.
La disputa por los vetos también tiene derivaciones electorales. Argentina se encamina a elecciones legislativas en un clima enrarecido, con la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel como grandes novedades. El rechazo al veto puede convertirse en un tema de campaña tanto para la oposición, que exhibirá este triunfo como símbolo de resistencia, como para el oficialismo, que insistirá en la narrativa del orden fiscal frente a lo que considera “populismo legislativo”. En ese tablero, el papel de los gobernadores será decisivo: varios de ellos presionan por una distribución más equitativa de los recursos, sobre todo en materia de Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles, lo que suma tensión a la relación con la Casa Rosada.
El Senado será ahora el escenario decisivo. Allí, la oposición necesita nuevamente los dos tercios de los votos para insistir con la ley. El desafío no es menor: requerirá el respaldo del peronismo, de los bloques provinciales y de parte del radicalismo. El resultado está abierto y dependerá de negociaciones que se intensificarán en los próximos días. De confirmarse la derrota del Ejecutivo, Milei enfrentará un escenario inédito: un Congreso capaz de marcarle límites concretos, un hecho que puede redefinir la dinámica política en lo que resta del mandato.
Este episodio invita a una reflexión más amplia sobre el rol del Congreso como contrapeso institucional. La Constitución argentina otorga al Presidente la facultad de vetar leyes, pero también prevé que el Parlamento pueda insistir en sus decisiones con una mayoría calificada. Se trata de un mecanismo de equilibrio que rara vez se activa y que, en este caso, pone en evidencia la maduración de una oposición capaz de articularse más allá de las diferencias partidarias cuando se trata de temas de alto impacto social.
La jornada en Diputados también funcionó como termómetro de la calle. En un país atravesado por una larga tradición de movilización social, la confluencia entre reclamos ciudadanos y decisión legislativa adquiere un valor particular. La vigilia de las organizaciones de discapacidad frente al Congreso, acompañada por referentes de derechos humanos y colectivos sindicales, mostró que el tema trasciende lo partidario. “No es caridad, es justicia”, rezaba una de las pancartas. Esa interpelación directa a la política fue uno de los motores que impulsó a varios legisladores a tomar la decisión de insistir en la sanción de la ley, aún a riesgo de tensar su relación con el Ejecutivo.
En síntesis, lo sucedido en Diputados marca un punto de inflexión. El veto presidencial, concebido como una herramienta para sostener la disciplina fiscal, se transformó en el detonante de la primera gran derrota política de Milei en el Congreso. La oposición encontró en esta coyuntura la oportunidad de mostrar cohesión, de tender puentes y de poner en cuestión la narrativa oficial de que “no hay plata” para los sectores más vulnerables. El desenlace en el Senado será decisivo para determinar si este triunfo opositor se consolida o si queda en una victoria parcial. Pero, más allá del resultado inmediato, el mensaje ya fue enviado: el Parlamento argentino está dispuesto a ejercer su rol de contrapeso y la sociedad observa con atención cada paso de esta disputa.
El gobierno, por su parte, enfrenta el dilema de cómo sostener su programa económico en un contexto de creciente resistencia institucional y social. El superávit, que hasta ahora fue su bandera, aparece ahora tensionado por demandas concretas de sectores que no aceptan ser los principales afectados por el ajuste. En la medida en que la oposición logre traducir estas demandas en hechos legislativos, el oficialismo deberá replantear su estrategia de gobernabilidad. El desafío será encontrar un equilibrio entre la ortodoxia fiscal y la necesidad de sostener un mínimo de cohesión social.
Mientras tanto, la sociedad argentina asiste a un debate crucial: hasta dónde se puede estirar la cuerda del ajuste sin romper el tejido social. La respuesta, en parte, se jugará en el Senado en las próximas semanas. Pero también se jugará en las calles, en las urnas y en la capacidad de las instituciones de encontrar un camino que combine responsabilidad fiscal con sensibilidad social. Ese es, en definitiva, el verdadero trasfondo de la discusión sobre los vetos presidenciales y su rechazo en Diputados: un país que busca reordenar sus cuentas, pero que no está dispuesto a sacrificar su alma en el intento.
