En una sesión marcada por presiones políticas y tensiones sociales, el oficialismo logró con aportes decisivos de gobernadores consolidar el veto del presidente Milei sobre el aumento de jubilaciones. Mientras tanto, la oposición obtuvo una victoria simbólica al revertir el recorte aplicado a personas con discapacidad. El mensaje es claro: en la Argentina del ajuste, los adultos mayores pagan la cuenta.
El miércoles 20 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados fue escenario de una jornada decisiva. La oposición había aprobado un proyecto que contemplaba un aumento del 7,2% en las jubilaciones y un bono extraordinario de $110 000, pero el presidente Javier Milei lo vetó, invocando la necesidad de preservar el equilibrio fiscal .
En el recinto, el oficialismo sembró una ofensiva para blindar ese veto. Con 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones, alcanzó una holgada mayoría para mantener la decisión presidencial . Pero, además, contó con un respaldo clave: gobernadores aliados empujaron el respaldo desde sus bancas, asegurando la consolidación del veto .
Este respaldo territorial fue decisivo. Legisladores que responden a gobernadores como Alfredo Cornejo, Ignacio Torres y Marcelo Orrego aportaron votos y líneas políticas que ayudaron a contener los roces dentro del bloque y asegurar el objetivo .
EL AJUSTE, EN LAS ESPALDAS DE LOS JUBILADOS
El veto ratificado impide que los jubilados reciban el aumento del 7,2 % ni el bono de $110 000, permaneciendo sujetos al mecanismo de actualización regular, que ha quedado muy por debajo de la inflación real .
La realidad es dolorosa: el haber mínimo, con un bono que apenas rozaba los $70 000, nunca llegó a cubrir ni cerca la canasta básica de un adulto mayor, estimada en más de $600 000 mensuales. El recorte, disfrazado de virtud fiscal, se traduce en medicamentos que no se compran, en comida que se saltea, en dignidad erosionada.
PRESIONES, AUSENCIAS Y CUESTIONES INTERNAS
La sesión puso en evidencia tensiones internas: los diputados que se abstuvieron o no asistieron —como María Eugenia Vidal, cuatro legisladores misioneros de Innovación Federal y Marcela Antola— fueron decisivos al subir el quórum y facilitar la defensa del veto .
También hubo rupturas: varios diputados de La Libertad Avanza formaron un nuevo bloque, “Coherencia”, deslindando un discurso de mayor pragmatismo .
VOCES POLÍTICAS Y REACCIÓN SOCIAL
La sesión fue una arena de reproches. Desde Unión por la Patria, Cecilia Moreau exclamó que “hay que ser muy miserables para votar en contra de un aumento a los jubilados”. Myriam Bregman fue más dura: “Este gobierno ajusta a los que menos tienen para congraciarse con el FMI” .
Por fuera del Congreso, las manifestaciones fueron el termómetro social. Jubilados, familiares y gremios reclamaron con fuerza: los carteles decían “No al veto” y “Los derechos no se ajustan”, mientras las imágenes recorrían redes como muestra del descontento colectivo .
EL AJUSTE TIENE QUIEN LO RECIBE
El 20 de agosto no fue solo una sesión legislativa, sino una foto del presente político argentino: el oficialismo consolidó un veto que sacrifica derechos básicos en nombre del superávit fiscal, sostenido además por gobernadores que sellaron alianzas territoriales para consolidar ese recorte. En contraste, un sector como el de discapacidad logró defender sus reclamos, mientras los jubilados quedaban excluidos.
El ajuste no es abstracto: tiene rostro y apellido, y ya no puede ocultarse tras debates técnicos. Quienes lo sufren son los mismos que trabajaron toda su vida y hoy reciben pensiones insuficientes para vivir con dignidad. Ese es el resultado concreto de una política que, en nombre del equilibrio fiscal, impone el costo más severo a quienes menos pueden pagarlo.
