Tras un escándalo por supuestos audios sobre coimas, el Ejecutivo designó al actual secretario de Gestión Sanitaria para “profundizar auditorías” y garantizar que las pensiones por invalidez lleguen a quienes realmente lo necesitan
El Gobierno oficializó este jueves la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la designación del médico sanitarista Alejandro Alberto Vilches como interventor, en reemplazo de Diego Spagnuolo, desplazado mediante decreto luego de la difusión de audios que aluden a supuestas maniobras de corrupción en el organismo y a vínculos políticos que involucrarían a la propia Secretaría General de la Presidencia. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de un mensaje en la red social X: “Se acaba de intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud. La auditoría estará centrada en las pensiones por invalidez que históricamente han sido una caja de la política y que ahora serán revalidadas de manera estricta”. El decreto 599/2025 publicado en el Boletín Oficial establece además la remoción de Daniel María Garbellini, quien se desempeñaba como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud dentro de la ANDIS. Aunque desde el Ejecutivo no confirmaron la autenticidad de los audios filtrados, se consideró que la situación ameritaba una respuesta inmediata, preventiva y ejemplificadora, en un contexto político atravesado por la campaña electoral y en medio de un clima de creciente desconfianza social hacia las instituciones.
El nuevo interventor, Alejandro Alberto Vilches, es médico egresado de la Universidad del Salvador, con un largo recorrido en la gestión pública y privada de sistemas sanitarios. Su trayectoria incluye cargos en la Jefatura de Gabinete de Ministros, la obra social IOSFA, el área de calidad sanitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y distintas comisiones de salud en la Legislatura porteña y en la Cámara de Diputados de la Nación. Además, se desempeñó como docente universitario en la Universidad Católica Argentina en materias vinculadas a auditoría médica y gestión de políticas de salud. En el último año había ganado visibilidad al encabezar la reorganización del examen de ingreso a residencias médicas tras detectarse irregularidades, lo que lo colocó como un perfil idóneo para asumir un rol de control y auditoría. Su designación apunta a fortalecer la transparencia en el manejo de las pensiones por invalidez, un área históricamente cuestionada por su opacidad y por el uso clientelar de recursos destinados a las personas con discapacidad.
El Gobierno busca, con esta medida, enviar un mensaje de firmeza frente a la corrupción y, al mismo tiempo, responder a la presión de organizaciones de familias con discapacidad, que en las últimas semanas protagonizaron manifestaciones en distintos puntos del país reclamando la declaración de la emergencia nacional en discapacidad. Dichas organizaciones denuncian recortes, retrasos en los pagos de prestaciones y dificultades crecientes para acceder a autorizaciones médicas. El veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en la Cámara de Diputados y ahora en debate en el Senado, tensó aún más el vínculo del Ejecutivo con este sector, que reclama una política más activa en defensa de sus derechos. En este sentido, el nombramiento de Vilches es leído como un intento de recomponer credibilidad y de mostrar capacidad de gestión frente a una agenda social que no admite dilaciones.
Desde la oposición, distintos referentes reclamaron que Diego Spagnuolo sea citado al Congreso para dar explicaciones sobre los audios que precipitaron su salida, e incluso algunos bloques plantearon la necesidad de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, brinde respuestas en el mismo sentido. Para la Casa Rosada, la estrategia es clara: marcar distancia, sostener que “no se ponen las manos en el fuego por ningún funcionario” y enfatizar que es la Justicia la que debe determinar responsabilidades penales. Sin embargo, en la arena política el episodio se inscribe en un año electoral en el que el oficialismo necesita mostrarse duro contra la corrupción interna y, al mismo tiempo, sensible a las demandas sociales.
La intervención de la ANDIS también tiene implicancias institucionales. El organismo es clave en la administración de más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez y en la coordinación de políticas públicas para las personas con discapacidad. Desde hace años, las críticas por la falta de transparencia, las demoras en las resoluciones y las sospechas de favoritismo político marcaron su funcionamiento. Con la llegada de Vilches, se espera una auditoría profunda que revele la magnitud real de las irregularidades y permita ordenar un sistema que, en los hechos, resulta vital para la subsistencia de miles de familias. El propio Adorni definió que “las pensiones dejarán de ser una caja de la política para transformarse en un derecho garantizado con control estricto”.
El trasfondo de esta crisis pone en evidencia la tensión entre la urgencia de recomponer la confianza en las instituciones y la necesidad de dar respuestas concretas a quienes más lo necesitan. La intervención, en este sentido, es un gesto político, pero su efectividad dependerá de la capacidad de traducirse en mejoras palpables: autorizaciones de tratamientos más rápidas, actualización de los montos de las prestaciones en línea con la inflación, pago puntual a prestadores y beneficiarios. El desafío de Vilches será transformar un mensaje de transparencia en políticas efectivas que restituyan derechos vulnerados y garanticen que las ayudas lleguen sin distorsiones. Si lo logra, podrá decirse que esta crisis derivó en una oportunidad de mejora. Si no, quedará como un episodio más en la larga saga de promesas incumplidas.
En definitiva, el Gobierno decidió intervenir de manera fulminante la Agencia Nacional de Discapacidad, designó a un funcionario con experiencia técnica y reputación de gestor riguroso, y prometió auditar de raíz un sistema corroído por la sospecha y el malestar social. La sociedad civil, en especial las familias que conviven a diario con la discapacidad, esperan que detrás del gesto político haya resultados concretos. El tiempo dirá si la intervención de la ANDIS marca un punto de inflexión en la política argentina hacia las personas con discapacidad o si será recordada como un movimiento defensivo en medio de un escándalo político-electoral.
