Bajada: El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó su renuncia tras la difusión de grabaciones que lo involucran en un entramado de sobornos relacionados con proveedores de medicamentos y servicios, y que mencionan a figuras cercanas al Gobierno. La crisis institucional se agrava en medio de la campaña electoral y pone bajo presión al oficialismo.
Diego Spagnuolo, hasta ahora director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentó su renuncia en medio de un escándalo político que amenaza con convertirse en uno de los episodios más comprometedores para el gobierno de Javier Milei. La decisión llegó tras la difusión de audios en los que el funcionario describe con crudeza la existencia de un entramado de supuestos sobornos vinculados a la provisión de medicamentos y servicios para personas con discapacidad, un área particularmente sensible de la política social. En esas grabaciones, que rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios, Spagnuolo no sólo reconoce que había operadores pidiendo dinero a laboratorios y proveedores para garantizar contratos con el Estado, sino que incluso calcula las cifras de la presunta recaudación irregular, que oscilaba —según sus propias palabras— entre 20.000 y 30.000 dólares mensuales. “A mí me están defalcando la agencia”, se lo escucha decir en una de las frases más contundentes, en un tono que mezcla indignación con impotencia, mientras enumera prácticas que habrían involucrado tanto a intermediarios privados como a funcionarios de mayor rango político. En otro pasaje, menciona a Droguería Suizo Argentina, supuestamente vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como parte de un esquema por el cual los proveedores eran obligados a ceder márgenes adicionales y a redirigir los productos a través de esa empresa antes de ser autorizados en la Casa Rosada. El propio Spagnuolo asegura haber advertido a sus superiores: “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”. El eco de esa frase, dirigida según él al presidente Milei, terminó de disparar la tormenta política.
La respuesta oficial no se hizo esperar. Apenas horas después de que los audios tomaran estado público, la Vocería Presidencial anunció que Spagnuolo había sido removido de su cargo y que la Agencia de Discapacidad sería intervenida bajo la órbita del Ministerio de Salud. El ministro Mario Lugones fue designado como responsable de garantizar la continuidad operativa y en los próximos días se prevé la designación de un interventor con amplias facultades administrativas. En paralelo, el vocero Manuel Adorni comunicó la renuncia del funcionario a través de un escueto mensaje en redes sociales, en el que evitó referirse a la veracidad de las grabaciones. El Gobierno, en tanto, busca cerrar rápidamente una crisis que amenaza con expandirse hacia otros despachos de la administración nacional.
El impacto político es considerable. La difusión de los audios no sólo compromete la imagen de transparencia del oficialismo, sino que llega en un momento de máxima sensibilidad: la recta final de la campaña electoral. La oposición aprovechó el episodio para redoblar críticas en el Congreso, donde logró reinstalar la discusión sobre la ley de emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el Ejecutivo. El bloque opositor utilizó el escándalo como argumento para cuestionar la falta de controles internos y para denunciar que el Gobierno descuida áreas sensibles mientras promueve un discurso de austeridad y lucha contra la casta. En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra Spagnuolo, Javier Milei y Karina Milei, entre otros, por los presuntos delitos de cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita, solicitando medidas de prueba inmediatas que incluyen allanamientos, secuestro de teléfonos y revisión de movimientos financieros. El fiscal Franco Picardi quedó a cargo de la investigación, que se abre con un fuerte componente de tensión política y mediática.
Dentro del propio oficialismo, el caso reveló fracturas latentes. Distintas versiones señalan que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, nunca tuvo afinidad con Spagnuolo y que lo consideraba un factor de desgaste político. Su salida, en ese sentido, también fue leída como una oportunidad para reconfigurar el manejo de un área de fuerte contenido social y presupuestario. El trasfondo muestra cómo las disputas internas por el control de organismos clave pueden derivar en crisis de mayor escala cuando emergen denuncias de corrupción. El propio Spagnuolo, en sus declaraciones, sugirió que había quedado atrapado entre presiones externas y la inacción de superiores, lo que plantea un dilema sobre la cadena de responsabilidades en la estructura de gobierno.
El caso de la Agencia Nacional de Discapacidad tiene, además, un peso simbólico particular. Se trata de un organismo encargado de garantizar derechos y prestaciones a una población vulnerable, muchas veces marginada de la agenda política. Los reclamos por demoras en los pagos, aranceles desactualizados y dificultades en la provisión de medicamentos ya eran frecuentes antes del escándalo. La sospecha de que, en ese contexto, se montaba un esquema de recaudación ilegal agrava la percepción social y amenaza con profundizar la desconfianza hacia el Estado. Desde organizaciones civiles dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad se emitieron comunicados exigiendo una investigación a fondo y la inmediata normalización del organismo, advirtiendo que “los más perjudicados son siempre los beneficiarios que necesitan respuestas urgentes”.
El Gobierno enfrenta, entonces, un triple desafío: contener el costo político de la renuncia de un funcionario de primera línea, garantizar la continuidad de las prestaciones para miles de familias que dependen de ANDIS y demostrar que tiene voluntad de transparencia en un caso que lo toca de cerca. La intervención del organismo aparece como una medida de control, pero también como una estrategia política para dar una señal rápida antes de que el tema continúe creciendo en la agenda mediática. No obstante, expertos en administración pública advierten que una intervención no siempre resuelve los problemas estructurales y que, en este caso, podría complicar aún más la gestión en el corto plazo si no se designan autoridades con legitimidad y conocimiento técnico.
La Justicia tendrá ahora un papel central. La autenticidad de los audios, la identificación de los interlocutores y la posible existencia de una red organizada de coimas son elementos que deberán ser verificados mediante peritajes y declaraciones testimoniales. El escenario judicial no será sencillo: las denuncias involucran a actores políticos, a empresarios y a funcionarios de distintos niveles. Además, las posibles derivaciones hacia la financiación de la política podrían abrir un capítulo aún más delicado. La oposición ya adelantó que pedirá la presencia de ministros en el Congreso para dar explicaciones y no descarta impulsar una comisión investigadora.
Lo que suceda en las próximas semanas será clave para medir la capacidad del gobierno de Milei de responder a una crisis de corrupción en tiempo real. La intervención en ANDIS, la definición de responsabilidades internas y el avance de la investigación judicial marcarán el ritmo político de un tema que, por su naturaleza, genera una fuerte reacción en la sociedad. En un país con una larga historia de denuncias por corrupción en áreas sensibles como salud y asistencia social, el episodio Spagnuolo amenaza con convertirse en un símbolo de la fragilidad institucional y de los límites de un discurso anticorrupción que, en este caso, se ve puesto a prueba en el propio corazón del oficialismo.
En conclusión, la renuncia de Diego Spagnuolo, detonada por la filtración de audios que lo exponen en un presunto esquema de coimas, abrió una crisis política que trasciende a un funcionario. El caso toca fibras sensibles de la gestión pública, pone bajo la lupa a un gobierno que se define como distinto a la casta y genera dudas sobre la capacidad del Estado de garantizar transparencia en áreas sociales críticas. En el horizonte inmediato se perfilan tres escenarios: una investigación judicial de alto voltaje que podría escalar hacia las más altas esferas del poder, una reorganización institucional en la Agencia de Discapacidad que intentará restablecer la confianza y un uso político del escándalo que marcará la dinámica de la campaña electoral. Mientras tanto, las familias que dependen de ANDIS miran con preocupación un panorama incierto y esperan que la crisis no termine, como tantas veces, afectando a los más vulnerables.
