De proveedora histórica del Estado a protagonista de un escándalo de corrupción que sacude al gobierno de Javier Milei. Audios, allanamientos, dinero incautado y vínculos políticos comprometen a la familia Kovalivker, dueña de Suizo Argentina, en el centro de una red de sobornos y contratos millonarios.
La historia comenzó con la filtración de audios que hicieron temblar a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y alcanzaron al propio corazón del gobierno de Javier Milei. En esas grabaciones, atribuidas a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo y hombre de confianza del Presidente, se describe con crudeza un esquema de recaudación ilegal mediante la intermediación de la droguería Suizo Argentina. Allí se detallaba cómo un porcentaje fijo de las contrataciones millonarias debía canalizarse en coimas: un 8 por ciento para el operador, un 3 por ciento destinado a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia, y un 1 por ciento reservado para el funcionamiento interno de la propia Andis. La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, no sólo agitó la agenda mediática sino que también impulsó al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi a ordenar una serie de allanamientos resonantes. Entre ellos, la irrupción en la sede de Andis, las oficinas de Suizo Argentina y los domicilios de sus principales directivos, así como el del propio Spagnuolo.
La Suizo Argentina no es una empresa menor. Fundada hace más de un siglo, la droguería se convirtió en un actor clave en la distribución de medicamentos en el país, con plantas de almacenamiento en varios puntos estratégicos y un rol preponderante como proveedor del Estado. Su histórico predominio como intermediario de la Andis en la compra de medicamentos la situó en una posición privilegiada, que según la investigación fue aprovechada para consolidar un mecanismo ilícito de recaudación. La firma está encabezada por la familia Kovalivker, con Eduardo como fundador y sus hijos Emmanuel y Jonathan en puestos de control, además de la socia Marcela Sandra Viner. Lo que en principio era un gigante de la logística farmacéutica terminó convertido en el epicentro de un escándalo que ya dejó imágenes difíciles de ignorar: Emmanuel Kovalivker detenido en Nordelta con sobres que contenían casi doscientos mil dólares y siete millones de pesos, junto a anotaciones contables que los investigadores consideran comprometedores.
Los operativos judiciales fueron elocuentes. Se secuestraron computadoras, celulares, documentación, dólares, pesos, pasaportes y apuntes. Spagnuolo fue apartado preventivamente de su cargo, aunque sin un pronunciamiento oficial que desmienta de manera categórica la veracidad de los audios. El gobierno se limitó a plantear que se trataba de maniobras políticas de la oposición, pero el impacto en la opinión pública fue inmediato y devastador. Las acusaciones resonaron en el Congreso, donde diputados opositores exigieron explicaciones y subrayaron que este esquema, de confirmarse, representaba un “costo paralelo” que debía pagar cualquier empresa para poder contratar con el Estado.
La investigación judicial sostiene cargos por cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracciones a la ley de Ética Pública. El peso del material difundido —audios que detallan porcentajes y nombres— le da al expediente un valor inusual en comparación con denuncias que muchas veces se diluyen en la sospecha sin pruebas materiales. La intervención de la Justicia y los allanamientos aportan una densidad que difícilmente pueda ser relativizada como una mera operación mediática.
El caso, por su magnitud, conecta con una historia recurrente en la política argentina: la de empresas privadas que, apalancadas en vínculos con funcionarios, garantizan contratos millonarios a cambio de sobornos. No se trata de una novedad. El recuerdo del escándalo Siemens en los años 90, cuando se reveló que la compañía alemana había pagado millones en coimas para garantizar la concesión de la confección de los DNI, se impone como un antecedente inevitable. Más cerca en el tiempo, el eco del caso Odebrecht, con su red continental de sobornos que atravesó gobiernos de toda América Latina, resuena como un espejo que muestra la persistencia de un patrón estructural: empresas privadas que operan como engranajes de un mecanismo político-empresarial que erosiona las instituciones y multiplica la desconfianza ciudadana.
En este caso, la novedad es que el epicentro no es una multinacional extranjera sino una compañía nacional consolidada, con presencia real en el mercado y un recorrido centenario. La Suizo Argentina no aparece como un jugador improvisado, sino como una estructura robusta que supo aprovechar su posición estratégica en la provisión de medicamentos. Esto aumenta la gravedad del caso, porque muestra cómo incluso empresas de larga trayectoria, insertas en un rubro esencial como el farmacéutico, pueden terminar siendo sospechadas de operar como vehículos de recaudación ilegal.
El impacto político no puede subestimarse. Los audios golpean directamente sobre la figura de Karina Milei, hasta ahora una pieza central en el esquema de poder del Presidente, considerada por muchos como la persona más influyente en el gobierno. Que su nombre aparezca mencionado como beneficiaria de un porcentaje de las coimas introduce un elemento explosivo en la interna política, y proyecta sombras sobre la legitimidad de la gestión. Javier Milei construyó gran parte de su capital político sobre la promesa de una “casta” que debía ser combatida. La aparición de un esquema de corrupción que lo involucra a través de su círculo más íntimo se presenta como una contradicción que puede minar su base de apoyo.
Al mismo tiempo, este episodio expone la debilidad de los mecanismos de control en la administración pública. Que un esquema de recaudación semejante pueda consolidarse en un área tan sensible como la Agencia Nacional de Discapacidad, destinada a proveer asistencia a uno de los sectores más vulnerables de la población, resulta doblemente indignante. No sólo porque implica el desvío de fondos públicos, sino porque el dinero se extraería de partidas que deberían garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos a personas con discapacidades. El costo social de esta corrupción no se mide únicamente en cifras, sino en vidas que dependen de una política sanitaria eficaz.
El análisis del caso también permite observar cómo la narrativa mediática se entrelaza con la disputa política. El abogado denunciante, Gregorio Dalbón, es conocido por haber defendido a Cristina Fernández de Kirchner, lo que habilita al oficialismo a plantear que se trata de una operación del kirchnerismo. Sin embargo, el peso de los hechos concretos —allanamientos, secuestro de dinero, detenciones preventivas— trasciende esa lectura partidaria. Los medios internacionales también recogieron la noticia, resaltando que un gobierno que se presenta como abanderado de la transparencia y la lucha contra la corrupción queda ahora bajo sospecha de reproducir viejos esquemas de coimas.
En este sentido, la repercusión internacional no es menor. El caso llega en un contexto en el que la Argentina busca financiamiento externo, promueve reformas estructurales y procura mostrar estabilidad institucional. La percepción de un Estado permeado por prácticas corruptas afecta no sólo la confianza ciudadana interna sino también la imagen del país ante inversores, organismos multilaterales y gobiernos aliados.
Las reflexiones de analistas coinciden en señalar que este episodio puede convertirse en un punto de inflexión. O bien se lo enfrenta con reformas profundas en los mecanismos de control, transparencia y auditoría, o bien se convertirá en un escándalo más que engrosará la larga lista de episodios de corrupción impunes en la historia argentina. La pregunta es si la Justicia avanzará hasta las últimas consecuencias, si habrá imputaciones a figuras políticas de alto nivel y si el gobierno permitirá que la investigación se desarrolle sin interferencias.
Por ahora, lo cierto es que la imagen de una Argentina atrapada en un ciclo repetido se impone: empresas que logran contratos estatales millonarios a cambio de sobornos, políticos que permiten o promueven esas maniobras, y una ciudadanía que paga el costo en forma de desconfianza, pobreza de servicios públicos y degradación institucional. La Suizo Argentina, que en otro contexto podría haber sido símbolo de una empresa nacional pujante, queda ahora asociada a sobres con dólares, allanamientos televisados y sospechas de ser la caja negra de un esquema de poder.
El desenlace está abierto. El proceso judicial recién comienza, pero ya dejó imágenes y frases que pasarán a la historia política reciente: un funcionario que habla de porcentajes de coimas con nombre y apellido, una empresa que aparece en el centro de la escena y una red de vínculos que conecta a uno de los gobiernos más disruptivos en su discurso con uno de los problemas más viejos de la política argentina. Si el caso avanza, podría marcar un quiebre. Si se diluye, será una confirmación de que, una vez más, todo vuelve.
